En una audiencia virtual que duró seis horas y que involucró el caso de los Cuadernos de las Coimas, la fiscal Fabiana León se opuso a la propuesta de exfuncionarios y empresarios acusados de corrupción durante el kirchnerismo de evitar un juicio a cambio de pagar hasta 20 millones de dólares en total.
León argumentó que aceptar esta oferta abriría la puerta a un “mercado de impunidad”, advirtiendo que “si se tranza o se mercantiliza, el mensaje social es fatal”. Enfatizó que “en esta fiscalía no se vende impunidad” y que no existe un precio que compense el daño institucional provocado, ya que este no es meramente patrimonial, sino que “erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”.
La fiscal destacó que esta propuesta beneficia únicamente a los ricos y que una solución justa no puede fundamentarse en ello.
Mariano Galpern, director de Litigios de la Unidad de Información Financiera (UIF), también expresó su rechazo. El tribunal oral federal, compuesto por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, ha convocado una nueva audiencia para el próximo martes, donde se escuchará la respuesta de las defensas.
Posteriormente, el tribunal decidirá si mantiene la fecha del juicio oral y público para el 6 de noviembre o si, a pesar de la oposición de la fiscalía, extingue la acción para aquellos que ofrecieron esta compensación.
Todo indica que la propuesta podría ser rechazada, aunque ninguna fuente del tribunal ha anticipado una decisión.
Este es un momento crucial en la causa de los Cuadernos de las Coimas, una investigación llevada a cabo por LA NACION que reveló un sistema ilegal de recaudación de sobornos que terminaban en el departamento de Cristina Kirchner.
La expresidenta, actualmente en prisión y condenada por la causa Vialidad, enfrentará juicio en este caso como líder de una asociación ilícita. Ni ella ni su equipo legal estuvieron presentes en la audiencia virtual, a la que asistieron alrededor de 50 empresarios y funcionarios junto con sus abogados, sumando un total de 82 participantes en la plataforma de Zoom.
Entre los presentes se encontraban figuras como Julio De Vido, Claudio Uberti y Roberto Baratta, así como empresarios como Juan Carlos de Goycoechea, Ángel Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, entre otros.
Los acusados, a través de sus abogados, ofrecieron sumas de dinero como “reparación integral” por el daño, que generalmente se correspondía con el valor de los bienes que tienen embargados. Su propuesta se basó en el artículo 59, inciso 6.º del Código Penal, que permite la extinción de la acción penal si se alcanza una conciliación con la víctima o se efectúa una “reparación integral”.
La suma total ofrecida por los empresarios alcanzaría, según fuentes de la defensa, al menos 25 millones de dólares. A pesar de que la audiencia era pública, no se pudo establecer una cantidad total de las ofertas, ya que muchos empresarios prefirieron no declarar sus cifras en presencia de los periodistas, remitiendo un escrito al tribunal. Algunos incluso optaron por no mostrarse claramente en la videoconferencia.
Argumentaron su inocencia, aunque manifestaron su deseo de pagar, ya sea por la duración anticipada del juicio, estimada en al menos 25 años, o por la intención de evitar la exposición pública que podría afectar su vida familiar o profesional.
Compararon su situación con la del juicio a las juntas militares, sugiriendo que, al igual que hicieron los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo, debería acusarse solo a “los máximos responsables”, sin especificar si se referían a Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.
Durante las presentaciones, algunos abogados se mostraron indignados al escuchar que se intentaba “evitar el juicio”. Otros defendieron a sus clientes —exdirectores de empresas— como prácticamente insolventes.
La UIF, en voz de Mariano Galpern, rechazó de manera contundente la oferta de dinero para cerrar la causa. Señaló que la sociedad necesita ver que el sistema de justicia puede llevar adelante un proceso penal completo. Aceptar dinero, argumentó, significaría minimizar delitos de gran gravedad institucional, resaltando que el dinero “nunca repara el daño al sistema democrático y no restaura la confianza en la administración pública”.
El alegato de Galpern, en colaboración con Paul Starc, exfiscal y titular de la UIF, se oponía a la postura de los empresarios. Afirmó que aceptar la reparación implicaría enviar un mensaje de impunidad, permitiendo que quienes tienen poder económico puedan pagar para evitar responsabilidad penal.
Por su parte, la fiscal Fabiana León expuso los fundamentos legales que respaldaban su oposición a la reparación e insistió en que negociar equivaldría a comprar impunidad, creando una desigualdad entre quienes pueden pagar y quienes no, obligados a enfrentar el juicio.
Reiteró que no hay un precio que compense el daño institucional y advirtió que aceptar el pago “banalizaría el proceso penal, privatizando el interés público y creando un mercado de impunidad”.
León mencionó que las negociaciones con los abogados habían fracasado y que no existía un acuerdo que pudiera prosperar. Se preguntó cómo se podría reparar el daño, dado que reestructurar contratos influenciados, restituir oportunidades perdidas o garantizar que no se repitan prácticas corruptas son tareas complejas.
Criticó además la propuesta de reparación económica, alegando que perpetúa la desigualdad y beneficia a quienes pueden pagar. Desestimó la noción del “costo del juicio” como criterio válido para extinguir la acción penal, enfatizando que la respuesta a la corrupción debe ser el juicio y no la optimización de gastos.
León finalizó señalando que “este intento de evitar el debate para ahorrar” solo erosiona la prevención general, fomenta la reincidencia y convierte la pena en un precio, lo que representa un grave riesgo moral.
Fuente: La Nación / Autor: Hernán Cappiello
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