La presentación ante la Cámara de Casación Penal, que tramita el amparo, sostiene que “si se hace lugar a la demanda, estaríamos ante no un acto de justicia, sino ante el dictado o modificación de las normas que regulan la materia ambiental, o del dictado/modificación de resoluciones administrativas. En ambos casos se incurriría en violación de la forma republicana de gobierno, lo que implicaría que quien ejerza la magistratura se convierta en poder legislativo o en administración pública, transgrediendo los artículos 1º y 5º de la Carta Magna Nacional”.
El informe de la Fiscalía de Estado incluye un análisis del geólogo Ricardo Iturriza, de la Dirección de Desarrollo Minero, quien desestimó la posibilidad de prohibir el uso de la broza en la provincia, argumentando que “antes de considerar medidas de suspensión, corresponde llevar adelante una evaluación técnica y científica integral que precise las condiciones de uso del material, los riesgos asociados y las medidas de mitigación necesarias”.
Martín Retorre, fiscal de Estado Adjunto, expuso la posición oficial.
“No es un planteo novedoso. Ya hemos recibido otras presentaciones que buscan prohibir el uso de broza. Lo novedoso aquí es la ambición de dictar una prohibición del uso de broza, que parece muy general y amplia. Además, piden la nulidad de un certificado de aptitud ambiental otorgado a una cantera. Frente a este tipo de solicitudes, desde la Fiscalía de Estado pedimos informes a las áreas técnicas responsables de Desarrollo Minero y Medio Ambiente”, explicó.
En el ámbito de Medio Ambiente, “se llevó a cabo un proceso administrativo que culminó con un certificado ambiental para una cantera. Se realizó una consulta popular, con participación ciudadana, en la cual algunos de los vecinos que firman este amparo participaron. Posteriormente, abandonan el camino administrativo que venía tramitando toda esta cuestión y optan por interponer un amparo ambiental, trasladando el tema al Poder Judicial con el objetivo de, quizás, desafiar una decisión administrativa que es completamente legal. Buscan que el Poder Judicial ajuste o adapte la legislación a su requerimiento”.
-¿Existen posibilidades de que la justicia acepte el reclamo de los vecinos?
-Considero que no están dadas las condiciones para dictar una sentencia en ese sentido. Asimismo, no creemos que el pedido de prohibición del uso de broza pueda prosperar. Una resolución de este tipo sería, al menos, desmedida. Nuestra defensa sostiene que la Administración actuó conforme a derecho, de acuerdo con lo que la ley establece. Estamos proporcionando todas las explicaciones pertinentes, ya que las personas que firman el amparo han participado en el expediente administrativo, lo que también es un punto de discusión, dado que el amparo es un mecanismo expedito, rápido, heroico y excepcional. En este caso, había un expediente administrativo en curso que decidieron abandonar para recurrir a la vía judicial.
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