Los fiscales de Corea del Sur pidieron este viernes que el ex presidente Yoon Suk Yeol cumpla una pena de 10 años de prisión por delitos relacionados con su fallida declaración de la ley marcial en diciembre del año pasado, episodio que desencadenó protestas masivas, enfrentamientos institucionales y su posterior destitución.
La petición de condena incluye cargos por obstrucción a la justicia, tras las acusaciones de que Yoon presuntamente excluyó a miembros de su gabinete de una reunión clave sobre la imposición de la ley marcial y que, en enero, impidió su detención por parte de investigadores. Un tribunal de Seúl tiene previsto dictar sentencia el próximo mes, informó la agencia Yonhap.
Yoon ordenó la suspensión temporal del régimen civil el 3 de diciembre de 2024, la primera medida de ese tipo en más de cuatro décadas en Corea del Sur. La decisión desató manifestaciones multitudinarias y un choque directo con el Parlamento, donde tropas armadas intentaron bloquear la votación legislativa que buscaba anular el decreto presidencial.
El Tribunal Constitucional destituyó a Yoon en abril, al considerar que su accionar vulneró el orden democrático. Desde entonces, el ex mandatario afronta varios procesos judiciales por actos vinculados a la ley marcial y por otros delitos conexos.
En las audiencias, Yoon sostuvo que la declaración de la ley marcial respondió a la necesidad de combatir lo que describió como “actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras”. La fiscalía rechazó ese argumento y afirmó que las pruebas reunidas muestran un uso indebido del poder presidencial con fines políticos.
A la causa se sumó una acusación formal presentada por una fiscalía especial, que imputó a Yoon por colaborar con el enemigo. Según los fiscales, el ex presidente ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte con el objetivo de justificar la imposición del control militar durante su mandato.
La fiscal Park Ji-young informó que el equipo especial “presentó cargos de beneficio al enemigo en general y de abuso de poder” contra Yoon.
“Yoon y otros conspiraron para crear condiciones que permitieran la declaración de ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañando los intereses militares públicos”, declaró la funcionaria.
Según la investigación, las operaciones militares formaban parte de un plan deliberado para provocar a Pyongyang y generar un escenario de crisis que habilitara la ley marcial. La fiscalía indicó que una de las principales pruebas es un memorando redactado en octubre del año pasado por el entonces jefe de contrainteligencia militar.
El documento instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja” y señalaba que las fuerzas armadas debían “apuntar a lugares que los hagan perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan”. Según la acusación, estas directrices evidencian la intención de escalar la tensión con Corea del Norte.
El régimen de Pyongyang afirmó el año pasado que había “probado” que Corea del Sur lanzó drones para arrojar panfletos de propaganda sobre su capital, una denuncia que las fuerzas surcoreanas nunca confirmaron de forma oficial. La península coreana permanece técnicamente en guerra desde el armisticio de 1953, al no existir un tratado de paz que pusiera fin al conflicto iniciado en 1950.
(Con información de AFP)
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