Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 bajo cargos de terrorismo, ha permanecido incomunicado y sin acceso a representación legal durante 218 días, según denunció este lunes su esposa, María Alexandra Gómez, en una publicación en su cuenta de X. Gómez aseguró que, a lo largo de este tiempo, su pareja no ha contado con una orden de detención, causa penal abierta ni registro judicial, además de no haber mantenido contacto con su familia.
“Han pasado 7 meses y aún no hay ninguna explicación, 218 días sin una orden de detención, causas penales abiertas, registros en ningún tribunal, derecho a un abogado, ni comunicación con su familia”, afirmó Gómez. En su mensaje, instó a la liberación de “los más de 50 extranjeros” que, según su denuncia, continúan presos en Venezuela, y añadió: “Tienen que volver a casa, tienen que regresar con sus familias”.
En diciembre del año pasado, el Ministerio Público de Venezuela informó que Gallo fue procesado por supuestamente formar parte de “un grupo de personas” que buscaba llevar a cabo “una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”, respaldados por “grupos de la ultraderecha internacional”. Gallo, indicó la Fiscalía venezolana, fue arrestado tras ingresar “irregularmente” al país, “ocultando su verdadero plan criminal bajo el pretexto de una visita sentimental”.
Esta acusación contradice la versión del gobierno de Javier Milei, que sostiene que el viaje de Gallo tenía “el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.
La familia de Nahuel Gallo expresa su preocupación por la integridad física y psicológica del gendarme, quien desde diciembre no ha tenido la oportunidad de recibir correspondencia ni visitas, y permanece en paradero desconocido.
Tras la detención, la administración de Milei acusó al régimen de Nicolás Maduro de retener a ciudadanos extranjeros como rehenes para “asegurar su impunidad” ante la toma de poder en Venezuela, efectuada en enero, luego de unas controvertidas elecciones en julio de 2024.
El caso de Gallo se desarrolla en un contexto marcado por graves denuncias internacionales contra Venezuela por supuestas violaciones al debido proceso, uso de la prisión preventiva sin cargos y obstáculos para la defensa legal de los detenidos. Diferentes informes de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) han advertido sobre el “uso instrumental” del sistema judicial venezolano y la falta de garantías para aquellos procesados por motivos políticos.
Según la ONG Foro Penal, en marzo de este año había 66 extranjeros detenidos en cárceles venezolanas, calificados por la organización como presos políticos, de los cuales 41 contaban con doble nacionalidad. Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la presencia de ciudadanos europeos, colombianos y mexicanos encarcelados en el país.
La dictadura venezolana sostiene que el país está “libre de presos políticos” y argumenta que quienes son señalados de tal manera están privados de libertad tras haber cometido delitos.
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