Este miércoles, el Gobierno nacional anunció la transformación y reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA), al tiempo que oficializó la fusión entre el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
La medida fue confirmada esta madrugada, tras la publicación del Decreto 396/2025 en el Boletín Oficial. De este modo, el INA dejará de operar como organismo descentralizado, convirtiéndose en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Por otra parte, la fusión entre el INPRES y el SEGEMAR se llevará a cabo mediante la transferencia de competencias, obligaciones, personal y bienes que integraban el anterior organismo descentralizado de la Secretaría de Obras Públicas.
Sin embargo, las autoridades aclararon que esta organización se mantendrá de este modo hasta que “se aprueben las estructuras correspondientes”. Asimismo, indicaron que el organismo contará con un único titular, designado por el presidente Javier Milei, quien será responsable de elaborar la nueva estructura organizativa del SEGEMAR.
Además, se implementarán modificaciones en las leyes y decretos relacionados con el funcionamiento de estos organismos, estableciendo que el personal de ambos ex institutos mantendrá sus cargos hasta que se formalice la nueva organización interna.
Por otro lado, las autoridades determinaron que los titulares de los entes deberán informar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) todos los bienes muebles e inmuebles, así como la flota y maquinaria para su eventual reasignación o disposición. Adicionalmente, otro informe sobre los bienes inmuebles deberá ser presentado al Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE).
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que las modificaciones están vinculadas a la búsqueda de reducir el tamaño del Estado, minimizar el gasto público y aumentar la eficiencia de los diferentes organismos públicos, tal como se expresa en la Ley N° 27.742, conocida comúnmente como “Ley Bases”.
Es importante recordar que la aprobación de esta norma conllevó la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, lo que facultaba a modificar, eliminar y reorganizar los órganos y organismos que conforman la Administración nacional.
Al señalar que la decisión fue el resultado de una evaluación sobre el funcionamiento de los entes públicos, las autoridades argumentaron que la transformación del INA y el INPRES busca “garantizar una mayor coordinación en la gestión de las políticas relacionadas con la administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada”.
Según los datos presentados en el decreto, se identificaron un total de 111 organismos desconcentrados y descentralizados que se encontraban operativos, de los cuales 40 eran desconcentrados y 71 descentralizados. Además, se mencionó que existían 477 unidades organizativas bajo la dependencia de estos entes estatales.
En este sentido, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público destacó que se verificó un “incremento sustancial” en la contratación de empleados, pues en 2010 se contaba con 35.481 agentes y para 2024 la cifra alcanzó los 88.905.
Debido a esta situación, las autoridades consideraron que las funciones del INA podían “ser ejecutadas con igual eficacia, rigor y profesionalismo desde la Administración Pública Nacional centralizada, mediante mecanismos de gestión y control presupuestario apropiados”, sin repercutir negativamente en la eficiencia de las tareas.
Asimismo, afirmaron que la fusión del INPRES y el SEGEMAR permitiría alcanzar “mayor eficiencia administrativa y funcional”, dado que ambos organismos comparten campos de estudio “relacionados con la geociencia, el análisis del subsuelo, los riesgos geológicos, la producción de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la creación de estándares regulatorios”.
“Esto permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar la infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimientos aplicados a los riesgos naturales”, afirmaron al destacar la posibilidad de profundizar en la planificación de políticas territoriales y en la gestión de emergencias.
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