La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves la declaración de emergencia de la obra pública. La medida, que venía con media sanción del Senado, fue aprobada en la sesión legislativa con el voto delos diputados peronistas, quienes plantearon algunas disidencias. El instrumento impulsado por el Ejecutivo busca abordar los desafíos financieros y legales que enfrentan numerosas obras en curso en la provincia luego de los recortes realizados por el gobierno nacional.
Desde el bloque del PJ, más allá de que el debate en el recinto se dio en un marco de acuerdo para votar la iniciativa, hubo críticas a los fundamentos de la declaración de emergencia y a la celeridad en el trámite que, entendieron, se le dio al proyecto que frena las ejecuciones judiciales por certificados de obra al cobro hasta fin de año y, también, establece condiciones para renegociar y refinanciar estas deudas.
La posición del peronismo antes de avalar la Emergencia de la Obra Pública solicitada por Frigerio se repartió entre los cuestionamientos que hicieron los diputados Juan José Bahillo, sobre la necesidad, y los que señaló la presidenta del bloque, María Laura Stratta, sobre el articulado. Ambos plantearon, además, que el gobernador reclamara con “vehemencia” los fondos a la Nación.
Por su parte, Bahillo evaluó que la declaración de emergencia en obras viales “no era necesaria”, en base a datos que proveyeron los funcionarios provinciales Hernán Jacob y Uriel Brupbacher durante la exposición ante comisiones de Diputados.
Juan José Bahillo, diputado provincial (Más para Entre Ríos).
Las objeciones de Bahillo se centraron en dos aspectos: por un lado, el escaso universo de impacto de la iniciativa; y por otro, el reducido aspecto presupuestario de la emergencia. Recordó los funcionarios provinciales reconocieron que las 167 obras provinciales en marcha hasta el año pasado estaban en manos de 37 empresas y, de este total, 24 habían resuelto su situación vía convenio con el Estado. Asimismo, de las 13 restantes, 6 ya habían judicializado sus reclamos y solo quedan 7, algo que advirtió Bahillo: .
Lo que dice el archivo
Además, Bahillo señaló que, según los datos de Hacienda, al 31 de diciembre pasado Tesorería tenía certificados a pagar por $ 5 mil millones y que los restantes 15 mil millones, para completar los 20 mil millones que el Gobierno aseguraba tener que resolver, correspondían a vencimientos de certificados de obra de enero y febrero.
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.