Para recomponer el vínculo con los gobernadores en pleno debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno nacional aceleró el envío de fondos discrecionales a las provincias. En apenas dos semanas, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) alcanzaron los $66.500 millones, cifra que equivale a cerca de un tercio del total transferido en todo 2025.
El envío de recursos se produjo tras varios meses de congelamiento y coincidió con una semana decisiva en la Cámara de Diputados, donde ingresó el proyecto oficialista que pretende modificar la legislación laboral y se debatió el presupuesto del año próximo.
Según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), seis provincias concentraron los mayores desembolsos. Tucumán encabezó la lista con $20.000 millones, seguida por Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones).
En conjunto, esas jurisdicciones recibieron el 33% de los $198.000 millones distribuidos por ATN durante este año. Hasta mediados de diciembre, nueve provincias no habían recibido ningún giro, entre ellas Córdoba, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvió a poner en debate el carácter discrecional de estos fondos.
El contraste es notorio: en noviembre no se registró ningún envío de ATN, convirtiendo a ese mes en el único del año sin repartos. Hasta entonces, el mayor monto mensual había sido mayo, con $21.000 millones. El volumen pagado en diciembre superó ampliamente ese nivel y marcó el pico más alto desde el inicio de la gestión libertaria.
El reparto tuvo repercusión política en el recinto. Las provincias beneficiadas fueron clave para que La Libertad Avanza alcanzara los 130 votos necesarios y lograra la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, con apoyos de legisladores que responden a gobernadores dialoguistas.
Además del respaldo del PRO y la UCR, el oficialismo contó en el Congreso con el aval de gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).
Sin embargo, ese apoyo no alcanzó para avanzar con la reforma laboral, que quedó fuera del temario y se tratará recién en febrero. La postergación respondió a la presión sindical, a reparos de cámaras empresarias y a la falta de consenso entre los mandatarios provinciales.
Hasta ahora, el Ejecutivo ejecutó apenas el 20% de los $980.000 millones recaudados por ATN en 2025. En comparación, en 2024 se había distribuido solo el 7,3%, mientras que en 2023, durante la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, se había girado el 77% del total disponible.
Ese bajo nivel de ejecución plantea dos escenarios: que el Tesoro reserve los recursos para destinarlos en 2026 o que los mantenga como respaldo financiero para sostener el equilibrio fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a lograr un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 y del 2,2% en 2026. Incluso si se liberaran todos los fondos no automáticos, el impacto fiscal sería limitado, cercano al 0,11% del PBI.
No obstante, el Gobierno sufrió esta semana un revés mayor al no conseguir eliminar el Capítulo XI del Presupuesto, lo que representó un costo adicional estimado en 0,5% del producto. Ese capítulo contempla la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, además de modificaciones en los subsidios para zonas frías y la Patagonia. En esas votaciones se distanciaron diputados de provincias que habían recibido fondos recientemente, lo que generó malestar en la cúpula libertaria.
En el oficialismo focalizaron la atención en Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, que rechazaron algunos de los puntos del proyecto presupuestario enviado al Senado. Sin embargo, desde el Ejecutivo confían en que pueda ser modificado.
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