El gobierno provincial debe mostrar una mayor vocación de velar por los intereses de los entrerrianos

El jueves pasado
el gobierno nacional tomó la determinación de liberar las importaciones de una
serie de productos de la canasta básica, sobretodo alimentos. Lo hizo a través
de la Comunicación A 7980 del Banco Central, la cual establece la disposición
de divisas para la compra de 2.936 productos de consumo masivo, entre ellos
carnes, lácteos, pescados, frutas y verduras, insecticidas, productos de
higiene personal y medicamentos. Dicha medida surgió luego de una reunión
mantenida con representantes de las cámaras supermercadistas con el objetivo
de, en teoría, contener la disparada de precios de los productos de la canasta
familiar.

Resulta curioso
que, en solo tres meses, el gobierno liberal de Javier Milei elija a los dueños
de supermercados como interlocutores porque, tácitamente, está reconociendo que
los formadores de precios sí existen, mandando a la hoguera toda su biblioteca.
Pero no vamos a detenernos en eso.

También es
llamativa la preocupación en torno al costo de la canasta básica, sobre todo
para un gobierno cuya narrativa central afirma que la inflación “está bajando”,
pese a que estos tres meses de gestión han sido los de mayor inflación en los
últimos 25 años. Pero tampoco vamos a detenernos en eso.

Combustibles,
tarifazos, quita de subsidios, retención de fondos coparticipables… el ajuste,
o más bien el ataque, hacia el interior del país llegó desde varios frentes y
es muy difícil asimilar tantos azotes, pero el golpe propinado por la apertura
de importaciones de carne avícola puede ser el que más nos duela a los
entrerrianos, particularmente a nuestra región. Y es que la medida a su vez
suspende, por cuatro meses, el cobro de IVA adicional e impuesto a las
ganancias a los productos ingresados, con lo cual no solo se habilita la
importación, sino que se la alienta.

La intención es
clara: ante un escenario de caída de la demanda producto de la licuación de los
salarios, el gobierno pretende equilibrar la balanza no con medidas que
beneficien el bolsillo de la gente y aumenten su poder de compra, sino
generando una sobreoferta.

Estas medidas
parecieran ser tomadas en una oficina, con una planilla de Excel o una
calculadora en mano, sin tener en cuenta la cantidad de actores que se verán
afectados de forma directa e indirecta, por lo que además de intempestivas e
inconsultas, resultan dañinas.

Hace un par de
días en una nota con el Diario Perfil, el presidente del Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech, explicó que la actividad opera con
márgenes muy finos en lo que respecta a los volúmenes de producción, por lo que
un cambio repentino de la oferta debido al ingreso de carnes brasileñas podría
comprometer dos años de planificación.

La industria
avícola entrerriana es, por mucho, la más pujante del país. En nuestra
provincia están más de la mitad de las granjas de pollos y se generan el 60% de
las exportaciones de carne aviar argentina. Todo ello constituye un núcleo
productivo que emplea a más de 22 mil personas de forma directa y otro tanto
indirectamente, pero que también con manos entrerrianas, produce el alimento
que llega a nuestras mesas.  Se trata de
puestos de trabajo genuino, de un modo de vida, de familias entrerrianas, y
muchas de ellas de nuestra región, cuyo sustento puede estar en peligro
producto de una decisión tomada en alguna oficina del Banco Central.

Ante este
panorama, el Bloque de Senadores “Más para Entre Ríos” ingresaron este martes
un Proyecto de Comunicación en el cual instan al Ejecutivo Provincial a
realizar las gestiones necesarias ante las autoridades del Gobierno Nacional
para que los productos avícolas puedan ser excluidos de los alcances de la
Comunicación “A” 7980. A su vez, se solicita analizar el posible impacto de la medida
en las restantes economías regionales de la provincia.

En el mismo
sentido, y ante el perjuicio que la aplicación de esta normativa podría
provocar en nuestra ciudad, esta semana presentamos ante el Concejo Deliberante
de San José, un proyecto de ordenanza con el fin de adherir a la iniciativa de
los senadores.

Las vías
institucionales, los mecanismos para canalizar las inquietudes, son
herramientas importantes para la vida en democracia y para el desarrollo de las
comunidades; y están funcionando. Sin embargo, como en todas estas cuestiones,
la solución solo se puede alcanzar de manera óptima cuando hay voluntad
política. El gobierno provincial, hoy a cargo del lic. Rogelio Frigerio, puede
y debe mostrar una mayor vocación de velar por los intereses de los
trabajadores, de los productores, de los empresarios… en definitiva, de los
ciudadanos entrerrianos quienes lo eligieron para que los represente.

(*) Intendente de San José