El Gobierno confirmó que aquellas personas que no aprueben la Evaluación General de Conocimiento y Competencias no podrán ser contratadas por ninguna entidad de la Administración Central, organismos descentralizados y otras entidades donde el Estado nacional tenga el control mayoritario de las decisiones.
Esta medida fue establecida mediante la resolución 48/2025 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, publicada hoy en el Boletín Oficial. En ella se señala que la prohibición no abarcará a las empresas, sociedades del Estado y sociedades anónimas o mixtas con participación estatal, a las que se les invita a establecer regulaciones de similar índole.
La prohibición de contratación comenzará a regir a partir del 1° de julio. La resolución aclara que aquellas personas que no hayan aprobado el examen “no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025, por períodos que excedan el 30 de junio de 2025”.
Los alcances de la medida
La restricción para contratar a individuos que no hayan superado la evaluación se aplicará a partir del segundo semestre para la Administración Nacional, que incluye tanto a la Administración Central como a los Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de Seguridad Social, según lo estipulado en el inciso a) del artículo 8 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
Asimismo, esta prohibición se extenderá a los “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional”, es decir, a cualquier organización estatal que no sea empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de las decisiones, según especifica el inciso c).
Por motivos legales, la resolución excluye a “empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, así como a los fondos fiduciarios compuestos total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado Nacional. A estas entidades se les invita a adoptar medidas similares a las estipuladas en la resolución.
La evaluación
La “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” fue establecida en diciembre del año pasado a través de la resolución 26/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La resolución incluye en un anexo el reglamento que clasifica a los empleados a examinar en “profesionales” y “no profesionales.” Además, aclara que, en caso de no aprobar en una primera instancia, el agente tendrá hasta tres intentos por año calendario.
La calificación mínima para aprobar será de 60 puntos sobre un máximo de 100. El examen, que deberá ser presencial, no permitirá el uso de dispositivos electrónicos, salvo calculadoras, según se detalla en el reglamento.
La prueba tendrá una duración máxima de una hora y consistirá en preguntas de opción múltiple, con una única respuesta correcta por pregunta. La cantidad total de preguntas será de 24 para la categoría “profesionales” y de 20 para la categoría “no profesionales”. El puntaje máximo será de 100 y se deberá obtener un mínimo de 60 para aprobar.
Ley de Bases y decreto de Duhalde
Entre los antecedentes normativos del examen se menciona la ley de Bases 27.742, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal, buscando así disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.”
Además, se remonta al decreto 1421/2002, promulgado durante la Presidencia de Eduardo Duhalde, que establece que “sin perjuicio del régimen de selección que se establezca para acreditar la idoneidad, la aprobación de una Evaluación General de Conocimientos y Competencias será previa y obligatoria”.
El reglamento aclara que aprobar el examen “es un requisito previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público” y que su realización “será presencial, anónima y digital”, utilizando un procedimiento que garantizará que cada persona evaluada solo sea identificable después de su calificación.
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