La necesidad de
contar con fondos públicos suficientes que permitan asegurar respuestas
adecuadas a la amenaza del COVID19 trae una reorientación del gasto público con
el objetivo de fortalecer no solo el Sistema de Salud, sino también brindar
ayuda a diversos sectores que se han visto afectados por la pandemia.
En forma previa a
abordar la temática que nos ocupa, hemos de considerar que la pandemia del
coronavirus es una prueba de fuego para las prácticas del Buen Gobierno
Gubernamental. Aquellos gobiernos que se preocupan por la buena administración,
probablemente van a tener mejores oportunidades de salir adelante respecto de
aquellos gobiernos que no han hecho de de la buena gestión una virtud de su
gobierno. Esta es una prueba para el buen uso de los recursos públicos, como
así también para los órganos encargados de la fiscalización de los mismos.
Venimos siendo
testigos de un alteración de paradigma que nos llevó de un control de cuentas
exhaustivo a controles sobre si las políticas públicas responden a los
problemas de la sociedad. Hoy el desafío es ver en qué momento y cómo los
organismos de fiscalización participan del control en la emergencia.
Los recursos
públicos involucrados en la lucha contra el coronavirus presentan riesgos y
exigen formas de control diferenciados. El Estado se configura de una manera
diferente ante la ciudadanía, está cambiando el modo de llevar adelante sus
acciones y esto hace que el control público sea indispensable y que también
tenga que cambiar.
En tal sentido, la
emergencia global constituye un riesgo
de corrupción por tres factores:
1)
Requiere acciones gubernamentales
rápidas que dificulta que se lleven adelante los procedimientos de compras y
contrataciones por intermedio de licitaciones que garanticen la correcta administración
de los dineros públicos. En efecto, se ha asistido a denuncias por sobreprecios
(en algunos casos exorbitantes) de productos adquiridos en el marco de la lucha
contra la pandemia. Los
procedimientos de compra del Estado prevén excepciones para situaciones
excepcionales como es una emergencia. En ese caso, los plazos de los procesos
de compras se acortan y los requisitos se flexibilizan. Pero no por esto pasan
a ser compras discrecionales o licitaciones a medida. Por ello se requiere una
presencia activa de los órganos de control procurando lograr aún en la
emergencia las premisas de Eficiencia, Eficacia, Economía y Efectividad del
gasto público.
2)
Hay un alto flujo de recursos
públicos que significan compras e inversiones que en muchos casos tienen poca
trazabilidad y ello representa un desafío sobre todo para quienes tienen a su
cargo el control posterior.
3)
Las compras médicas y
farmacéuticas son altamente especializadas, siendo un elemento muy importante a
tener en cuenta es que estamos ante un escenario de emergencia sanitaria
global, es un virus que requiere compra de medicamentos, equipamientos e
insumos médicos en general. Estas compras no solo son especializadas, sino que
en muchos casos escasas frente a la demanda global, los organismos de control
no tienen la capacidad técnica de saber si el medicamento o insumo adquirido es
el más adecuado o si la diferencia de precio se encuentra o no
justificada, ya que su control es de
carácter financiero, por ello hace que su control sobre lo que se termina
abonando sea muy difícil.
En consecuencia el
COVID-19 puede representar un riesgo para la corrupción, es una situación que
tiene que mantener alerta tanto a los órganos de control como a la sociedad
civil, no solo porque hay una gran cantidad de recursos públicos que están
involucrados y que van a seguir estando involucrados en tanto y en cuanto se
prolongue en el tiempo, sino porque el mal uso de esos recursos ya no significa
solamente la pérdida de esos recursos fiscales sino que va a significar la incapacidad de dar respuesta a los
sectores más vulnerables como son los adultos mayores, las familias en
emergencia y los menores en situación de pobreza, es por ello que el
control público es clave para enfrentar la pandemia.
Hemos de tener en
cuenta que el control debe ser ejercido con oportunidad y sentido de urgencia. Evidentemente el sólo hecho de
que los responsables de la administración sepan que tanto los órganos de
control como la sociedad civil están vigilantes, de por sí genera un control al
que podríamos llamar “preventivo” frente aquel que realizando su actuación
(evitando sobreprecios en compras públicas, aumentando la eficiencia del gasto
público o disminuyendo el mal uso de recursos), es por ello que el control
tiene que ser oportuno respecto de aquellos sectores donde se están enfocando
esa gran cantidad de recursos y también tiene que tener ese sentido de
urgencia, debiéndose reenfocar el control habitual y utilizar herramientas y
tecnología disponible para priorizar áreas más riesgosas y con mayor impacto.
Los órganos de
control deben actuar con transparencia,
colaborando en aumentar la confianza en las instituciones que es fundamental
para el buen gobierno, publicando en tiempo real la información disponible
sobre la pandemia, comunicando a los ciudadanos los controles realizados y sus
resultados.
Finalmente, hemos
de tener en cuenta que el control es más importante que nunca en éste tiempo
donde los recursos a invertir parecieran no ser suficientes o escasos, por eso
el control tiene que ser de carácter inteligente, bien enfocado y maximizando
el uso de los recursos, sin que el control sea un impedimento para que quienes
están al frente de la lucha contra la pandemia se sientan obstaculizados para
realizar su labor.
(*) Abogado.
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