El proyecto de Borrego y López tiene como objetivo reducir los plazos para la respuesta del Poder Ejecutivo. De hecho, si no hay una decisión tras un pedido de emergencia, la declaración se concederá automáticamente. Este punto se detalla en la reforma del artículo 6. “Los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados previamente por la provincia afectada, la cual deberá solicitar ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la adopción de igual decisión a nivel nacional. La Comisión Nacional deberá expedirse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Una vez elevada la recomendación, la Autoridad de Aplicación Nacional deberá resolver en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Vencidos dichos plazos sin pronunciamiento expreso, se considerará automáticamente aprobada la declaración de emergencia o desastre agropecuario en el ámbito nacional, con los efectos legales correspondientes”.
Juan Manuel López, diputado de la Coalición CívicaX
Según los diputados nacionales, “la emergencia no puede convertirse en una herramienta política al servicio de la recaudación. Cuando los productores enfrentan sequías o inundaciones, necesitan alivio inmediato, no esperar meses a que el Gobierno decida si firma una resolución. Con esta reforma buscamos asegurar que el apoyo llegue a tiempo y forma”.
La declaración de emergencia permite a los productores acceder a prórrogas de impuestos y beneficios crediticios. La semana pasada, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 12 distritos bonaerenses: Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
El monto de asistencia pasaría de $500 millones a un mínimo de 130.000 millones de pesosHernan Zenteno – La Nacion
Los diputados también señalaron la necesidad de actualizar la ayuda, que permanece estancada desde 2009 en $500 millones. Para ello, proponen elevar el monto mínimo a $130.000 millones, de acuerdo con la reforma del artículo 17 de la Ley Nº 26.509, que quedará redactado de la siguiente manera: “Los recursos asignados anualmente por ley de presupuesto general para la administración pública nacional. Los recursos del fondo permanente deberán ser, como mínimo, un monto anual equivalente a pesos ciento treinta mil millones de pesos ($ 130.000.000.000). Los recursos del fondo para ejercicios futuros ajustarán anualmente a la tasa de crecimiento calculada entre el valor inicial del precio del gasoil común comercializado por YPF al momento de la sanción de la presente ley y el precio futuro del mencionado gasoil”.
El proyecto de la Coalición Cívica también incluye nuevos beneficios fiscales para quienes sean afectados por la emergencia. Se detallan la reducción de la alícuota del impuesto al cheque hasta un 0%, la suspensión del pago de anticipos impositivos y la disminución de las alícuotas de derechos de exportación hasta un 0%.
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