La decisión de la Ciudad de recurrir a la Corte Supremaluego de que el Gobierno decidiera quitarle un punto de coparticipación nosorprendió a la administración de Alberto Fernández. En un informe técnico defebrero, antes de que la pandemia interrumpiera los planes del Presidente, elEjecutivo analizaba las opciones de Horacio Rodríguez Larreta para resistir laavanzada oficial. El pronóstico de la Casa Rosada anticipó los movimientos deljefe de Gobierno y, sugería las respuestas políticas y legales de Balcarce 50.
“La CABA va a sostener que no se puede quitarle fondos demanera intempestiva y unilateral”, advierte el documento de 14 páginas paraanticipar las posibles acciones del jefe de Gobierno porteño.
“Intempestiva” y “unilateral” fueron precisamente dos de lascalificaciones utilizadas por Rodríguez Larreta en su conferencia de prensa deljueves para referirse al decreto presidencial. “Hay mucha jurisprudencia quedice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral”, sostuvo eljefe de Gobierno.
En el informe de la Rosada deslizan cuáles podrían seralgunos de los fallos previos a los que podría apelar la Ciudad paradefenderse. “Podría, quizás forzadamente, extraer conceptos de la Corte delfallo Entre Ríos”, sostiene el documento.
Se refiere a una sentencia de esta misma Corte Suprema hacemenos de un año cuando hizo lugar a la presentación del gobernador GustavoBordet, quien reclamaba por la reducción de las alícuotas del IVA y delimpuesto a las Ganancias, dos impuestos coparticipables, que Mauricio Macridispuso tras la derrota en las PASO.
El informe concluye que un hipotético argumento de la Ciudaden ese sentido sería estéril. “Es una situación sustancialmente distinta. Noobstante ello, la CABA podría intentar tomarlo como un caso en el cual seafectaban de forma intempestiva e unilateral recursos de una jurisdicción paratrazar un paralelismo”, dice el análisis.
El informe escrito hace 7 meses anticipa que la Ciudadseguiría los pasos de Entre Ríos al afirmar que se afectaba un presupuesto encurso; ese es el argumento que se escucha entre los principales colaboradoresdel jefe de Gobierno. “En el fallo Entre Ríos se atendió al ‘peligro en lademora’ por la merma de recursos que ya se encontraba comprometidos aldesarrollo de políticas públicas”, sostiene el documento.
En el ministerio del Interior ya sabían que la Ciudadexhibiría con el fin de defender la legitimidad de los recursos transferidospor la Nación, la firma del consenso fiscal que suscribieron los gobernadoresen 2017; en el que se redujo un 0,25 (de 3,75{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} a 3,5) las transferencias de laNación al distrito.
Efectivamente ese es otro de los argumentos que figura en eldecreto en el que Rodríguez Larreta instruye a la procuración de la Ciudad paraavanzar con una medida cautelar. “Diría que a través de ese Consenso seconvalidó el porcentual de participación fijado la CABA, pues se estableció unareducción en función de determinados parámetros y al intervenir en la materia,fijó su postura”, señalaba el informe oficial.
Casi todos los gobernadores que firmaron la solicitada enapoyo a la decisión de Alberto Fernández acompañaron sin quejas el consenso conel coeficiente que recibiría la Ciudad. Alberto Rodríguez Saá (San Luis) yMiguel Lifschitz (Santa Fe) fueron los únicos que no suscribieron ese acuerdo.”Si se hubiera considerado irrazonable el coeficiente de participación de3,75{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} o su instrumentación a través de un Decreto, no se hubiese previsto talcláusula que mantiene constante el nivel (…) Este es uno de los puntos másfuertes que tiene la CABA, pues la cláusula no fue modificada en los consensosfiscales sucesivos, como así tampoco en el suscripto por el actual gobierno el17/12/2019″, concluye el informe.
Gastos inflados y un nuevo convenio
Hoy en la Casa Rosada sostienen que la “picardía”, a la quehizo mención el ministro Eduardo “Wado” de Pedro radica en que el coeficientese redujo, pero la masa coparticipable aumentó sustancialmente. Es decir; laCiudad recibió más recursos nacionales luego de la reducción de antes.
Por último, el documento señala que la Ciudad podría alegarque el costo de financiación de la Policía porteña es el que presentó ante elComisión Federal de Impuestos (CFI) desde que se hizo efectivo el traspaso enlos que informó que el presupuesto aún con las transferencias habilitadas porMacri fue insuficiente. “Ello se debe probablemente a que allí computaban todoslos gastos en seguridad, incluso los que ya tenía la Ciudad a partir de laPolicía Metropolitana y otras tareas relacionadas”, concluye el texto oficialaquel recomendaba la elaboración de una investigación sobre los númerosoficiales.
De ese documento posterior, a cargo de la secretaría deProvincias que conduce Silvina Batakis, el Gobierno calculó el gasto operativodel traspaso en 0,92. En la Nación destacan que Rodríguez Larreta no cumpliócon la frecuencia obligatoria para enviar los informes correspondientes a laCFI.
Por ahora, no tienen previsto reclamar el excedente quetransfirieron a la Nación durante estos años; pero alegan que un fallo adversopara la Ciudad podría redundar en ese camino.
En el Ejecutivo señalan que el cálculo de la transferencia queMacri habilitó es insostenible. “En 2003, (Eduardo) Duhalde fijó lacoparticipación de la Ciudad en 1,4 para todos sus gastos administrativos:Legislatura, Ejecutivo, empleados públicos, etc. Es imposible pensar que elcosto de la Policía pueda ser más del doble”, razonan funcionarios políticos.
En lo sucesivo, cuando pase el temporal judicial y luego deque el Congreso ratifique la transferencia de la fuerza en los nuevos términos,el Gobierno buscará fijar un convenio con la Ciudad para que la transferenciaque le corresponde a la Ciudad no surja más de la coparticipación primaria.”Ese fue uno de los únicos puntos en los que nos pusimos de acuerdo con laCiudad”, señala un importante funcionario que participó de las negociaciones.
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