De decidir interponer la demanda ante la Justicia, esta sería la primera denuncia penal que se presentaría contra funcionarios de la actual administración.
Por otra parte, el titular de la bancada radical señaló que enviará sendas notas al responsable local de la AFIP y al de la Caja Forense para obtener un informe detallado sobre cómo se están realizando actualmente los apremios fiscales, si se están pagando impuestos en relación a los aproximadamente 7 millones de pesos en honorarios que perciben algunos abogados por esas acciones y si la caja forense ha tenido la intervención debida sobre esos montos.
“El Gobernador todavía tiene la posibilidad de revertir esta situación y volver atrás en relación a la arbitrariedad cometida por los funcionarios de la Dirección General de Rentas para el cobro de impuestos atrasados”, manifestó el diputado Rogel.
Finalmente, expresó su esperanza de que esta semana el gobernador Jorge Busti “entienda que el apremio fiscal tiene que ser una herramienta para incorporar a los contribuyentes que por alguna circunstancia particular dejaron de pagar y que no se constituya en un negocio para algunos abogados”.
De aprobarse el proyecto de ley que se encuentra en Comisión se le permitiría a los contribuyentes, por única vez, acordar con la DGR sin intervención judicial y sin tener que pagar honorarios a los abogados.


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