Se lo acusa de “ser responsable directo del delito de supresión y aplicación de torturas, en la (ultima) dictadura militar”.
De acuerdo a lo publicado por Diario Junio, en la presentación judicial se consigna que Palacios pertenecía a un grupo de tareas que funcionaba en la seccional 4º. A las ordenes de un comisario de apellido Ponte y bajo la coordinación del Teniente Coronel Dasso, jefe del área 225 del regimiento 6 “Blandengues” de Concordia.
La acusación alcanza también al gobernador Jorge Busti, al Ministro de Educación y Justicia Sergio Uribarri, y el Director de Derechos Humanos, Dr. José Halle. Se le endilga la responsabilidad del nombramiento.
Los concordienses que aparecen mencionados son Julio Correa (desocupado), José Luis Gómez (subocupado), Luis Rolón (empleado municipal), Juan Cortiana (empleado municipal) Ernesto Rosas (empleado municipal), “todos vecinos de Concordia comprometidos en la lucha social y política”, según explica la denuncia.
El comisario General Aníbal Ruperto Palacios fue nombrado por la actual gestión el pasado 19 de abril, en aquella oportunidad el gobernador Jorge Busti había exclamado que en su gestión “queremos extirpar de la fuerza a los malos policías. Por eso esta convocatoria y la jerarquía que le damos a este acto. No tengo ninguna duda que el comisario general Palacios va a cumplir esta misión como nosotros esperamos”.
La presentación judicial lleva la firma de José María Lima y Carlos Sánchez.


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