Cuadernos. Unos 40 empresarios pedirán en una audiencia que no se los juzgue, a cambio de ocho millones de dólares

Romero confesó como arrepentido el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la explotación de la Hidrovía. Además dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al exsecretario de Trasporte Ricardo Jaime, y un “retorno adicional” anual de 500.000 dólares para mantener la concesión de Ferrovías, que el gobierno kirchnerista amenazó con rescindir en 2018, pero nunca lo hizo.

En esta audiencia participará la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado de dinero del Estado y que se opondrá a esta solución, según dijeron fuentes oficiales a LA NACION. También será de la partida la fiscal federal del caso Fabiana León.

La fiscalía no hizo pública su postura ante esta oferta, pero en otros casos se opuso. Fuentes de la acusación señalan que es indispensable su acuerdo para que esta propuesta sea aceptada. Sin embargo, los abogados defensores sostiene lo contrario. Entienden que en el artículo 59, inciso 6º del Código Penal no obliga al acuerdo de la fiscalía, sino que la aceptación de la reparación integral depende del tribunal.

La norma dice que la acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”. La idea es la de la justicia restaurativa.

Hay quienes interpretan que una cosa es la conciliación y otra la reparación. En la primera la víctima negocia con el imputado una suma y si está de acuerdo y la fiscalía entiende que no hay un interés público en juego, se extingue la acción.

En la segunda opción, de la reparación, las defensas entienden que no hay intervención de la víctima ni del fiscal, -solo como garante de legalidad- y que si el monto que se ofrece es equivalente al daño producido, debe ser admitido. Hay mucho por debatir en la audiencia de mañana ya que este criterio no es el que impera entre los acusadores.

Antecedente

Hay un caso reciente que ahora es traído a colación: el de Luciano Di Cesare, extitular del PAMI del kirchnerismo. Solicitó y cobró más de 1.3 millones de pesos por vacaciones no gozadas, a pesar de no tener derecho a las mismas. Fue procesado, pero para evitar el juicio acordó en una conciliación pagar al PAMI 88.131.531,86 pesos, que serán utilizados para prestaciones sociales y médicas de jubilados y pensionados. El PAMI lo admitió, pero la fiscal León se opuso y la Cámara de Casación le dio la razón.

Votaron los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que dijeron que en los acuerdos de conciliación -reparación integral del perjuicio- es importante contar con la participación y el consentimiento de la víctima del hecho, a fin de resguardar su derecho a expresarse y ser oída (arts. 18 y 75, inc. 22, de la CN, art. 8.1 y 25 de la CADH y 14.1 del PIDCyP) y que, ante hechos ilícitos que involucren estafas contra la administración publica, resulta lógico que se requiera el consentimiento del Ministerio Público Fiscal para tener por extinguida la acción penal en los términos del inciso 6° del art. 59 del ́C.P”.

Mañana, tras la audiencia, se conocerán los montos totales que ofrecen todos los acusados, la posición de la fiscalía y si el tribunal consiente o no esta decisión.