La usurpación de tierras privadas y públicas en Misiones esun problema histórico que los poderes político y judicial nunca se encargaronde resolver. El avance sobre las propiedades se da principalmente en el sectorrural, en el interior de la provincia, y en algunos casos los intrusos cuentancon apoyo político.
En las últimas semanas los casos tomaron una mayorvisibilidad a partir de la usurpación de una estancia de la familiaEtchevehere, en Entre Ríos; y también desnudó la existencia de organizacionesdelictivas que tienen accesos a bases de datos estatales, en la búsqueda depropiedades cuya situación dominial no está regularizada.
Policías que están afectados a la custodia de funcionarios yalgunos punteros políticos vinculados al oficialismo están detrás de algunos delos casos más resonantes que se dieron en las últimas semanas y ameritaron laintervención de dirigentes agrarios y legisladores, que mostraron supreocupación por el problema.
El caso paradigmático fue el de una mujer de 84 años quereside en la localidad de Santa María. Arzí Silveira heredó de su padre unachacra que está en poder de la familia hace casi ocho décadas. Con sorpresa,”Doña Sisa”, como la conocen todos, se encontró con un grupo de personas queingresaron armados en su campo y rápidamente montaron una casa de madera. Elpolicía Jorge Ángel Díaz se presentó como el nuevo propietario y exhibió untítulo de propiedad que ahora está bajo investigación. Es que Silveira nuncavendió la propiedad, pero los usurpadores consiguieron un supuesto poder de laempresa Nobleza Piccardo para iniciar el proceso de escrituración. Esadocumentación que lleva la firma de un escribano porteño está ahora bajo lalupa judicial.
La Justicia, que primero ordenó a Doña Sisa y a su hijoÁngel abandonar la propiedad, ahora les restituyó y busca determinar lalegalidad de la certificación notarial que permitió tramitar el título porparte del policía.
El uniformado, que trabaja en la Jefatura de Gabinete deministros de Misiones, habría iniciado todo el proceso después de constatar quela única heredera de la chacra no inició el proceso sucesorio tras elfallecimiento de su padre. Ese dato fue clave para avanzar sobre la propiedad.
Otro de los conflictos se dio en la localidad de Wanda,donde decenas de familias se apropiaron hace diez días de dos lotes quepertenecen a un empresario que pretendía montar allí un emprendimientoecoturístico. El predio de once hectáreas está a sólo 300 metros de las minasde piedras semipreciosas y todavía no fue desalojado pese a que hay una ordenjudicial que así lo dispone.
Los usurpadores son liderados por un paraguayo que llegóhace poco tiempo a Misiones y consiguió velozmente su documento argentino.Miguel Gularte no dudó el fotografiarse empuñando un arma de fuego y hasta leenvió una seria advertencia al presidente de la Legislatura y cacique delFrente Renovador de la Concordia Social, Carlos Rovira. Tras admitir que erapuntero político del oficialismo, le pidió la cabeza de los tres concejales querepudiaron la usurpación y defendió enfáticamente al intendente Felipe Jeleñ,con quien tendría una alianza política.
El propietario de los lotes, Raúl Bertotto, no tiene dudasde que fue “una toma organizada” y que muchos de los intrusos cuentan conviviendas en otros barrios de Wanda. “Usan de escudo a mujeres y niños quetrasladan hasta el lugar para que la Justicia no actué sobre ellos, pero tienenayuda para hacer lo que hacen”, dijo Bertotto.
Detrás de las tomas existe un mercado negro de compra ventade los lotes usurpados. Las tierras son ofrecidas por poco dinero y en lasredes sociales aparecen como “mejoras”, que no es otra cosa que un pedazo detierra sin ningún documento que avale su legal tenencia.
Los procesos migratorios de campesinos empobrecidos deParaguay y Brasil generan una presión extra sobre las tierras de Misiones. Esaspersonas son seducidas por inescrupulosos punteros políticos que alegan contarcon suficientes contactos para evitar desalojos o cualquier otro inconvenientejudicial.
Las intrusiones generalmente son presentadas como fruto dela desesperación de familias que viven en la pobreza extrema y no tienen dóndelevantar sus precarias casas, pero no siempre es así.
Desde la Justicia sostienen que la Policía no necesita unaorden de desalojo cuando constata una intrusión. “Deben intervenir para hacercesar un delito. Es como que nos pidan permiso para detener a un ladrón que essorprendido cometiendo un delito”, dijo un juez.
Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM)advirtieron que las tomas de tierras son realizadas “por verdaderasasociaciones ilegales que se aprovechan del desconocimiento e inexperiencia delos productores que día a día se dedican a producir en las chacras deMisiones”. Y pidieron el acompañamiento del Poder judicial y del poder políticopara que tutele y proteja la posesión de las tierras de los productores quehistóricamente trabajaron sus chacras, frente a estas gavillas de maleantes quecon artilugios legales propios de rufianes, pretenden apoderarse de tierrasproductivas expulsando a sus legítimos ocupantes”.
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