Actualmente, en la Legislatura de Córdoba se encuentran en discusión, de manera simultánea, proyectos que buscan penalizar el cierre de calles por protestas y otro, recientemente presentado, que pretende autorizar a la Policía a establecer bloqueos temporales en las vías cuando existan razones de seguridad que lo justifiquen.
El legislador Rodrigo Agrelo promueve una norma que habilita a la Policía a cerrar accesos en barrios problemáticos de localidades de toda la provincia, siguiendo el modelo de Villa Allende, donde se aprobó el cierre nocturno de calles secundarias (de 22 a 6 hs) en mayo, a pesar de las críticas por “segregación” y posibles inconstitucionalidades. En ese contexto, la oposición y vecinos autoconvocados denuncian que esta medida vulnera derechos y plantean acciones judiciales.
La propuesta del legislador de Encuentro Vecinal permite dos modalidades de aplicación: una por iniciativa de la policía y otra a solicitud de los vecinos. En el primer caso, la fuerza de seguridad podrá decidir el cierre siempre que no se oponga el 40% o más de los vecinos de la zona. En el segundo, al menos el 10% de los contribuyentes del área debe solicitarlo, aunque también aplica la misma restricción por oposición vecinal.
Para calcular estos porcentajes, se utiliza el padrón de contribuyentes del impuesto inmobiliario provincial correspondiente al área en cuestión.
Protocolo obligatorio
El proyecto establece que en todos los casos se deberá confeccionar un protocolo detallado que incluya la zona de cerramiento, las características materiales, los días y horarios, las arterias alternativas habilitadas, el personal involucrado y la fecha de revisión de la medida. El Ministerio de Seguridad provincial será la autoridad encargada de su aplicación.
En los fundamentos de la propuesta, Agrelo reconoce que la medida limita el derecho constitucional de libre tránsito, pero la justifica bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. “Preferimos reglamentar o restringir el derecho a transitar si de ello se deriva la protección de la vida de las personas”, argumentó el legislador.
La iniciativa se basa en el concepto de “estado de necesidad”, que permite “causar un mal menor para evitar uno mayor”. Agrelo aclara que no pretende regular el tránsito vehicular -atributo municipal- sino establecer mecanismos de excepción frente a situaciones de inseguridad.
Desde su espacio afirman que esta medida es consecuencia de un “fracaso social” más amplio y que la verdadera solución requiere políticas estructurales en educación, trabajo y salud. Sin embargo, sostienen que mientras esas transformaciones no se implementen, es necesario proporcionar herramientas de protección.
Antecedente en Villa Allende
La iniciativa se inspira en la ordenanza aprobada en Villa Allende, que permite el cierre nocturno de calles secundarias en ciertos barrios. Esta medida, que generó debate y oposición entre los vecinos, fue promulgada tras obtener seis votos a favor y cuatro en contra en el Concejo Deliberante local.
Ahora, el proyecto deberá ser evaluado por la Legislatura provincial, donde Agrelo confía en que contribuirá a institucionalizar mecanismos preventivos que hoy se aplican sin respaldo legal en diferentes barrios de Córdoba.
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