Contratos truchos: Casación da un nuevo revés a los imputados

Los fiscales concluyen que “de la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”. Añaden que la maniobra requería una estructura que abarcaba desde el reclutamiento de los falsos contratistas, su registración ante organismos recaudadores, la firma de instrumentos contractuales, su presentación y aprobación por los servicios administrativos y por las autoridades legislativas, la autorización del libramiento de pagos, la supuesta acreditación de servicios para dar apariencia de legalidad, la percepción de importes mediante cartulares, el mantenimiento de la situación impositiva de los contratistas mediante pagos mensuales y la confección de facturas apócrifas, todo ello con el aval limitado en el control del Honorable Tribunal de Cuentas.

Responsabilidades

Los fiscales subrayan el rol central de los responsables de los servicios contables de ambas cámaras —Orabona, Lázaro, Pérez y Cardoso—, quienes como administradores y custodios de los recursos eran los encargados de habilitar los pagos de los contratos falsos mediante cheques o depósitos bancarios.

Asimismo, destacan la participación de Juan Pablo Aguilera —cuñado del exgobernador Sergio Urribarri—, a quien atribuyen un papel preponderante en el entramado por su capacidad de definir “el sí y el cuánto” de los contratos de obra, y la figura de Alejandro Almada como supuesto “recaudador”.

El rol del Tribunal de Cuentas

Los fiscales también cuestionan la actuación del Tribunal de Cuentas, al que atribuyen una contribución decisiva para que las ilicitudes se prolongaran: “Contrariando su deber funcional de controlar la correcta aplicación del presupuesto de la Legislatura, mediante un riguroso cotejo, efectuaban controles limitados al análisis meramente formal de una escasa cantidad de contratos de obra, previamente seleccionados por los propios responsables de los servicios administrativos contables”.

Los fiscales identifican a los “destinatarios finales” del dinero ilícito y señalan que la evidencia permite afirmar que existieron actores cuyo principal rol fue recibir el producido final del ilícito, ubicándose en los estratos superiores de la organización, mencionando particularmente a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada como receptores finales.

También advierten que varios miembros de la asociación estaban vinculados al Senado Nacional mediante contrataciones autorizadas por los senadores Pedro Guillermo Guastavino y, posteriormente, Sigrid Kunath, lo que implicaría que la organización utilizó también esos recursos para sostener la estructura operativa.

Conclusión del fiscal

“De la evidencia reseñada y valorada, emerge claramente que para consumar las reiteradas sustracciones (así como las distintas ilicitudes mediales), se conformó una estructura delictiva segmentada que perduró por casi once años”, sostienen los fiscales, que imputan a los acusados los delitos de asociación ilícita, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

(Fuente: Entre Ríos Ahora)