El imputado y el gobierno de Entre Ríos deberán pagarle $1,2 millones a la víctima. La nota le llegó a la agente de parte del comisarioprincipal. Le pedía que fuera a trabajar “en minifalda y colaless, bienafeitada y perfumada”.
La mujer lo denunció. Ahora, la Justicia de Entre Ríoscondenó a un jefe policial y al Estado provincial a pagarle más de 1,2 millonesde pesos.
El caso ocurrió en septiembre de 2007. Por ese entonces, elahora condenado le mandó a su subordinada una nota escrita y firmada. Además dedarle especificaciones sobre la ropa y el aseo, le pidió que se presente a las22 porque iba a “pasar revista del cumplimiento” antes de que puedatomar el servicio.
Los jueces Gisela Schumacher y Rodolfo Jáuregui, de laCámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, anularon el fallo deprimera instancia y sostuvieron que existió “violencia de género laboral ysexual”.
También dijeron que el imputado le causó a la agente”incapacidad sobreviniente, pérdida de chance, daño moral y dañospatrimoniales”. Es que la víctima debió consumir “medicamentos y(realizar) un tratamiento psicológico”.
Hugo González Elias, el tercer camarista, votó diferente.Consideró que no hubo violencia de género ya que la orden “fue impartidacon igual sentido para ella y sus compañeros varones” y que “elcomponente psicológico preexistente disparó” la denuncia.
A su vez, la Cámara ordenó al comisario principal y alEstado provincial el pago de $ 1.293.518 a la víctima, más los honorarios delos abogados intervinientes.
El caso
La víctima denunció a su jefe por “acoso sexual ylaboral sistemático” ya que recibió numerosos mensajes preguntándole sitrabajaba, y si quería que la buscara por su domicilio.
Sin embargo, el comisario denunciado negó todo ante sussuperiores y desprestigió a la agente para defenderse. Les dijo que estaba”desde hace tiempo afectada psíquicamente, es mentirosa, fantasiosa y viveen un mundo alejado de la realidad”.
Además, aseguró que el mensaje se lo envió como “unabroma de mal gusto entre compañeros de trabajo”. No contento con eso, lacalificó de “artera y de mala fe”, ya que realizó al denuncia”recién tres meses después de ocurrido”.
Uno de los peritos intervinientes en el juicio aseguró quela víctima sufrió “un cuadro de desestabilización y brote de mecanismosdepresivos, contextualizado con sus repercusiones de su historia de vida”por ese hecho. Recordó que debió ser internada en un hospital neuropsiquiátrico.
“Empoderar lapalabra”
En su voto, la jueza Schumacher remarcó “lasdificultades probatorias del acoso sexual y laboral, porque son hechos que nosuelen suceder frente a otras personas”.
La magistrada, entonces, pidió “empoderar la palabra dela señora de policial jerarquía inferior, que denunció a un superior y afrontótodo el proceso posterior que implica, siempre, enorme desgasteemocional”.
Además de la denuncia de la víctima, la magistrada tuvo encuenta la existencia de “múltiples factores que pueden llevar a hacersilencio o no reaccionar inmediatamente frente a los agravios” en unafuerza policial, como “miedo al ridículo, a la sanción jerárquica, a quese intensifique la agresión, entre otros”.
La jueza precisó luego que se tildó “de broma algo quefue considerado ilegal por la propia Policía” de la provincia, sin atenderla “percepción de la víctima sobre tal acto”.
Y recordó que “se la culpó por su personalidad como unfactor predisponente, siendo que pidió licencia y estuvo internada poco despuésde haber recibido la nota”.
Para la magistrada, la falta de consentimiento “haquedado demostrada” y destacó que la ex agente se sometió a”innumerables instancias en las que mantuvo firmemente su versión de loshechos, que incluyó la expresión contundente del desagradado, malestar y dañoque lo vivido le provocó”.
El juez subrogante Jáuregui adhirió a la solución y al votode Schumacher, en tanto que el vocal Gonzalez Elías no dio lugar y alegó a quela orden “no constituyó un acto discriminatorio que provocara violencia degénero”.
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