Los últimos gobiernos de la República Oriental del Uruguay, y el actual, se han subordinado a intereses de las grandes corporaciones transnacionales, que bajo la presión de políticas ambientalistas deciden el traslado desde los países centrales al llamado "tercer mundo" de industrias contaminantes. Barren la basura de allá para tirarla por estos lados.
En ese marco se inscribe la inversión transnacional en forestación masiva de eucaliptos en el Uruguay y avanza la construcción de dos gigantescas plantas de elaboración de pasta celulósica sobre la costa del Río Uruguay, a la altura de Fray Bentos.
Las plantas de BOSTNIA y ENCE estarán separadas por sólo 6 kilómetros y producirán DOCE VECES MAS que el total de las diez plantas que hoy operan en la Argentina.
En esa gigantesca proporción los efluentes tóxicos y las emanaciones contaminantes se liberarán sobre las aguas del Río Uruguay y el aire con impacto en el eje Fray Bentos -Gualeguaychú.
Las autoridades de la República Oriental del Uruguay han permitido el avance de esos proyectos sin respetar que -por la condición internacional del Río Uruguay-, debió recabarse la conformidad de Argentina para esos emprendimientos que traerán graves consecuencias sobre su territorio.
Las empresas utilizarán un sistema de elaboración llamado "Kraft", en base a dióxido de cloro que libera en las aguas sustancias cancerígenas -dioxinas y furanos- de poca capacidad para biodegradarse. Permanecen en la biosfera muchos años y se almacenan en los tejidos de los organismos vivos. A su vez, la quema de enormes volúmenes de deshechos provocarán emanaciones de azufre constante y lluvia ácida.
Ante ello, retacean deliberadamente información que permitiría evaluar el grado de contaminación.
El gobierno uruguayo apoya las empresas negándose a disponer la detención de las construcciones y a obligarlas al cambio del sistema de elaboración por otra tecnología libre de cloro.
Preso de un arcaico concepto de desarrollo económico, olvida su pertenencia socialista, cuyos valores supremos son el respeto a la vida y la solidaridad, que pasa necesariamente por la conservación del medio ambiente.
Con dolor decimos que en la historia americana aparece otra página de claudicaciones humanas.
De continuarse las obras, la previsible entrada en producción de las plantas consolidará una verdadera agresión al pueblo y al territorio argentino. Como tal debe ser considerada por nuestro gobierno.
Sin embargo, Kirchner primero miró para un costado, luego se refirió al grave problema como una cuestión "ambiental" y recién ahora, ante la movilización heroica del pueblo de Gualeguaychú, se define por el recurso de plantear la cuestión ante los Tribunales de la Haya.
Pero el tiempo urge porque las empresas, -respaldadas por el gobierno uruguayo-, seguirán adelante con la política del hecho consumado. Por ello, la vía judicial no implica que nuestro país deba abstenerse de adoptar las medidas diplomáticas y otras que resulten aconsejables para ejercer la máxima presión en todos los órdenes, para lograr la detención de las construcciones hasta que recaiga dictamen técnico objetivo con serias bases científicas sobre el impacto ambiental.
Ante todo ello, surge la coherencia de la lucha del pueblo de Gualeguaychú que desplegando su esfuerzo sin límites va despertando conciencia en nuestro pueblo y también en el pueblo uruguayo, de que el intento de depredación debe cesar.
Tengan todos ellos nuestra solidaridad, con la covicción de que unirmos nuestro esfuerzo para quelos entrerrianos unidos avancemos en la lucha común.
En ese marco se inscribe la inversión transnacional en forestación masiva de eucaliptos en el Uruguay y avanza la construcción de dos gigantescas plantas de elaboración de pasta celulósica sobre la costa del Río Uruguay, a la altura de Fray Bentos.
Las plantas de BOSTNIA y ENCE estarán separadas por sólo 6 kilómetros y producirán DOCE VECES MAS que el total de las diez plantas que hoy operan en la Argentina.
En esa gigantesca proporción los efluentes tóxicos y las emanaciones contaminantes se liberarán sobre las aguas del Río Uruguay y el aire con impacto en el eje Fray Bentos -Gualeguaychú.
Las autoridades de la República Oriental del Uruguay han permitido el avance de esos proyectos sin respetar que -por la condición internacional del Río Uruguay-, debió recabarse la conformidad de Argentina para esos emprendimientos que traerán graves consecuencias sobre su territorio.
Las empresas utilizarán un sistema de elaboración llamado "Kraft", en base a dióxido de cloro que libera en las aguas sustancias cancerígenas -dioxinas y furanos- de poca capacidad para biodegradarse. Permanecen en la biosfera muchos años y se almacenan en los tejidos de los organismos vivos. A su vez, la quema de enormes volúmenes de deshechos provocarán emanaciones de azufre constante y lluvia ácida.
Ante ello, retacean deliberadamente información que permitiría evaluar el grado de contaminación.
El gobierno uruguayo apoya las empresas negándose a disponer la detención de las construcciones y a obligarlas al cambio del sistema de elaboración por otra tecnología libre de cloro.
Preso de un arcaico concepto de desarrollo económico, olvida su pertenencia socialista, cuyos valores supremos son el respeto a la vida y la solidaridad, que pasa necesariamente por la conservación del medio ambiente.
Con dolor decimos que en la historia americana aparece otra página de claudicaciones humanas.
De continuarse las obras, la previsible entrada en producción de las plantas consolidará una verdadera agresión al pueblo y al territorio argentino. Como tal debe ser considerada por nuestro gobierno.
Sin embargo, Kirchner primero miró para un costado, luego se refirió al grave problema como una cuestión "ambiental" y recién ahora, ante la movilización heroica del pueblo de Gualeguaychú, se define por el recurso de plantear la cuestión ante los Tribunales de la Haya.
Pero el tiempo urge porque las empresas, -respaldadas por el gobierno uruguayo-, seguirán adelante con la política del hecho consumado. Por ello, la vía judicial no implica que nuestro país deba abstenerse de adoptar las medidas diplomáticas y otras que resulten aconsejables para ejercer la máxima presión en todos los órdenes, para lograr la detención de las construcciones hasta que recaiga dictamen técnico objetivo con serias bases científicas sobre el impacto ambiental.
Ante todo ello, surge la coherencia de la lucha del pueblo de Gualeguaychú que desplegando su esfuerzo sin límites va despertando conciencia en nuestro pueblo y también en el pueblo uruguayo, de que el intento de depredación debe cesar.
Tengan todos ellos nuestra solidaridad, con la covicción de que unirmos nuestro esfuerzo para quelos entrerrianos unidos avancemos en la lucha común.
Santiago C. A. Reggiardo
Secretario General
Partido Socialista Distrito Entre Ríos.
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