La jueza federal
Arroyo Salgado indagó al actual titular del Registro Nacional de las Personas
(RENAPER) Pablo Luis Santos por su rol en la firma de contratos de seguridad
para el organismo sospechados de encubrir coimas en la causa Securitas. Además,
investiga los contratos con el Estado Mayor del Ejército, el Senasa y
Aeropuertos Argentinas 2000.
Santos fue
nombrado en ese cargo por el decreto 79 del presidente Javier Milei y el jefe
de gabinete Guillermo Francos pero los contratos que se investigan son de las
gestión de los ex presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto
Fernández. Antes del 2023, Santos era director de administración del
RENAPER.
Ahora, a pedido
del fiscal Fernando Dominguez la magistrada deberá decidir si procesa, sobresee
o le dicta la falta de mérito a Santos en función de las pruebas existentes en
la causa que, la semana pasada, cobró mayor relevancia por el video en que se
ve al ex senador K Edgardo Kueider contando fajos de dólares en su oficina del
gobierno de Entre Ríos, en Paraná.
Santos en uno de
unos 30 funcionarios y ex funcionarios de esos organismos y directivos de
Securitas que están siendo indagados por la jueza por cohecho y
direccionamiento de licitaciones públicas de seguridad.
El fiscal
Domínguez, con el apoyo de los titulares de la PROCELAC Diego Velasco y de la
PIA, Sergio Rodríguez, avanza en esta megacausa con el negocio de la seguridad
privada para organismos del Estado.
Los fiscales
imputan a Santos, en su carácter de ex director General de Administración del
RENAPER, “el haberse interesado directamente en miras de un beneficio de un
tercero en los procedimientos de selección de dicho organismoo, direccionado su
adjudicación” a la firma Consultora Videco y MAC, dos satélites de Securitas.
Además, también
el haber supuestamente “recibido dinero para hacer, retrasar o dejar de hacer
algo relativo a sus funciones”, en base al estudio de licitaciones millonarios,
mails interceptados y testimonios.
Por ejemplo,
Santos “intercambió mails con Gabriel Di Cesare -uno de los gerentes de
Securitas- para la contratación de la empresa MAC” y en otros le explicaba a Di
Cesare “como debía presentar notas para cobrar las facturas adeudadas a Videco
y MAC”.
Además, los
fiscales imputaron a Juan José Damico, ex director del RENAPER, haber
autorizado los pagos supuestamente indebidos a esas empresas de seguridad.
Por otra parte,
acusaron a “Hugo Miola, director de Arsenales del Ejército el haberse
interesado en miras del beneficio de un tercero en los procedimientos de selección
direccionando la adjudicación a favor de Securitas como así también el haber
recibido dinero para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus
funciones”.
En este caso, se
investigó la instalación de un sistema de seguridad informática en el Estado
Mayor General del Ejército. Tres propuestas: CAS Tecnología y Seguridad, USS
Tecnología en Seguridad y Securitas. En este caso, se habla de un “proveedor
fraudulento LA Solutions y pagos a “Contaduría General del Ejército-Club de
Campo Los Horneros”.
En el rubro de
contratos con fuerzas de seguridad llama la atención que “a oficiales de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) no le pagaban las coimas en efectivos
sino a través de pasajes aéreos y hoteles en Europa”.
En el caso de
SENASA, también se direccionaron o cartel izaron licitaciones (una por 92
millones de pesos) a Guardan, otra firma “vinculada a Mac Servicios, Videco y
Securitas”.
Los fiscales
también investigan al concesionario privado Aeropuertos Argentina 2000 porque
en esa empresa el Estado tiene el 20 por ciento de las acciones y objetan un
contrato de 2017.
Luego indican que
la lista de organismos donde una investigación interna de la empresa revela el
pago de coimas incluye al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval
y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, en la empresa estatal de
aguas AYSA. Entre los casos de coimas denunciadas se mencionan otras
dependencias provinciales la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección
Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía
Bonaerense.
La causa se abrió
por una autodenuncia de los dueños extranjeros en base a una investigación
interna de Applied Facts que habla de procesos de selección irregulares y
cartelización, entre otros.
Esa investigación
interna detectó pagos indebidos al RENAPER, entregas de coimas en sobres de
papel madera desde un vehículo blindado de Securitas a otros autos mientras
circulaban alrededor del obelisco para no despertar sospechas.
Este sistema de
corrupción “fue de tal magnitud que incluyó dentro de sus recursos disponibles
el uso de más de 300 proveedores fraudulentos, incluso varios de estos
gestionados por algunas de las personas que conformaban la asociación
delictiva, para enmascarar financiera y contablemente, las millonarias salidas
de dinero del grupo empresario, que en realidad eran destinadas al pago de los
sobornos que requerían para el desenvolvimiento eficaz de su plan criminal”,
destacan los fiscales en su requerimiento de instrucción original.
Esta estructura
“era liderada por Christian Faria, quien revestía durante este período el
carácter de presidente del Grupo y le es atribuible la calidad de jefe de la
asociación ilícita, y a sus laderos Gabriel Di Cesare, Alejandro Castex,
Alberto Alesci, Julio Terrado, Carlos Rinaudo, Luis Vecchi, Claudio Tortul y
Marcelo Tortul, encargados, desde sus roles directivos y gerenciales, de ser
los organizadores de la ejecución del plan”, entre otros.
El Grupo
Securitas está conformado por trece sociedades comerciales: Securitas Argentina
S.A, Consultora Videco S.A., Securitas Servicios S.A., Securitas Buenos Aires
S.A., Securitas Sur. S.A, Securitas Countries S.A., Securitas Buenos Aires 1
S.A., Fuego Red S.A., Trailback S.A., Aipaa SRL, El Guardian S.A., Vigilan S.A.
y Seguridad Argentina S.A.
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