El juez de garantías de Paraguay, Rolando Duarte, envió un
oficio a través de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial
Internacional de la Corte Suprema de ese país para que amplíe y complemente la
solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara
Guinsel Costa, realizada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El
documento le hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y se tramitará vía la
embajada argentina en Asunción para que llegue a la Cancillería, según confirmó
Infobae de fuentes judiciales paraguayas. El trámite demorará la posibilidad de
que el legislador sea enviado detenido a nuestro país junto a su acompañante.
El dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, fechado el
7 de enero, requería aclaraciones, información complementaria y documentación
de las causas en las que la jueza argentina investiga al ex legislador por
presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue adjuntado por Duarte
en su oficio “para facilitar una mayor comprensión de lo requerido y permitir
la emisión de un pronunciamiento adecuado sobre la solicitud de extradición” de
Kueider y Guinsel Costa.
Según la fiscal Moreno, especializada en Crimen Organizado,
el pedido de Arroyo Salgado para que ambos sean enviados detenidos a Argentina
“contiene errores que son destacables en materia de exhortos”, y “genera una
confusión que el Estado requirente se encuentra legalmente obligado a aclarar”.
La fiscal había considerado que “no contaba con la información necesaria para
un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos
de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía
expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición.
Sostuvo que la jueza argentina mencionaba en forma
“genérica” convenciones internacionales que “persiguen propósitos y objetivos
distintos, que podrían generar inconvenientes de encuadre y hasta exclusiones
de una respecto de la otra, por sus diferentes ámbitos de aplicación”. En
diálogo con PDS Radio y TV digital de Paraguay, el juez Duarte señaló que “el
Estado requirente invoca a varios tratados firmados por la República del
Paraguay, entre ellos el Tratado de Extradición entre la República Argentina y
la República del Paraguay. Pero no obstante ello, también, pide una cooperación
internacional basado en otras convenciones dentro del mismo pedido de Tratado
de Extradición como, por ejemplo, la Convención Interamericana de Asistencia
Mutua en materia Penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales del Mercosur, y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. Y estas convenciones tienen otros canales o vías a los efectos de
solicitar, no solamente al Poder Judicial, y por ello la fiscal solicita que
aclare cuál de ellos va a, finalmente, persistir”.
Kueider y su acompañantes están acusados en Paraguay de
tentativa de contrabando, al ingresar con USD 211.000 en efectivo sin declarar
al cruzar desde la frontera con Brasil. Cumplen prisión preventiva domiciliaria
en un departamento de lujo en Asunción. Los fiscales de Ciudad de Este que lo
investigan tienen plazo hasta principios de abril, para concluir su
investigación.
La fiscal paraguaya recordó que el juez penal de garantías
Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú – que es el magistrado que
interviene en la causa de contrabando – “entendió pertinente y legalmente
viable que litiguen con medidas alternativas a la prisión preventiva”. Por este
motivo, Moreno recomendó que “la República Argentina corrija los defectos
advertidos” antes de poder pronunciarse sobre la posibilidad de someterlos al
proceso de extradición. “No contamos con la información necesaria para un
pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de
forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, escribió en su dictamen.
Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 1 de San Isidro, investiga a Kueider en dos causas conexas: la
de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, abierta a mediados del
2024, y la conocida como el “Caso Securitas”. En esta última se determinó la
existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de
vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA (ENERSA)
a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de
servicios de seguridad. Abierta en 2020, en ese expediente hay casi una
veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes
de funcionario público y asociación ilícita.
El exhorto con la solicitud de extradición incluyó el pedido
de secuestro de los celulares de Kueider y Guinsel Costa, y el allanamiento del
departamento donde cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La magistrada
dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran
liberados por la Justicia paraguaya.
La fiscal señaló en su dictamen sobre el exhorto
internacional que “no obra en el cúmulo de documentos recibidos por el estado
requirente”, la resolución judicial que resolvió la acumulación de las dos
causas, “a fin de conocer los motivos de hecho y de derecho que llevaron a tal
decisión judicial”. Por eso considera que “la Justicia argentina no indica con
precisión cuáles son los hechos punibles (delitos/crímenes) atribuidos a los requeridos,
requisito indispensable para el estudio -en el momento procesal oportuno- de la
Doble Incriminación y garantizar el Principio de Especialidad”.
Y en ese sentido,
agregó que “teniendo en cuenta que ambos requeridos se encuentran sujetos a un
proceso en el territorio paraguayo, el Ministerio Público estima que tal
petición podría salvarse con una carta rogatoria específica para lograr la
oportunidad procesal y derecho de ser oídos en un proceso penal, lo que deviene
un contradictorio en la pretensión del trámite”. O sea, opinó que si la
extradición pedida por Arroyo Salgado es a fines de indagarlos, ese trámite
podría ser tramitado en Paraguay mientras avanza el proceso contra ellos por
presunto contrabando.
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