La noticia de que el senador Edgardo Kueider fue detenido intentando cruzar la frontera al Paraguay con u$s201.000 dólares, $646.000 y 3.900.000 guaraníes (unos $500.000) acaparó la indignación social y puede modificar la composición del Senado. Pero además reavivó los interrogantes sobre los procesos para destituir a legisladores.
Los senadores y diputados están exentos de los procedimientos de juicio político, reservados a miembros del Poder Ejecutivo y Judicial y cuyos cargos penden de la votación de los miembros del Congreso. Sin embargo, para ellos se dispuso otro mecanismo interno: el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, espacio permanente en ambas cámaras que determina -entre otras responsabilidades- las sanciones a los parlamentarios.
Aquí existe una particularidad coyuntural: el propio Kueider
es quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado. Sin
embargo, como anticipó que pedirá licencia hasta que se dilucide su situación
judicial en Paraguay, en donde permanece a disposición de la justicia local, su
lugar podría ser ocupado por la vicepresidenta del espacio, la senadora
tucumana Sandra Mendoza (Unión por la Patria).
Ella es quien puede convocar a una reunión para abordar un
procedimiento de sanción e incluso de desafuero del senador entrerriano, en los
términos que establece la Ley 25.320: existen 60 días para emitir dictamen y
180 para tratar la causa en el recinto, con o sin dictamen. La neuquina Lucila
Crexell es la única compañera del bloque de Kueider, llamado Las Provincias
Unidas, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese sentido,
habría amplia mayoría para determinar las sanciones que se consideren
pertinentes.
Antecedentes
El pedido de licencia de Edgardo Kueider remite a otra
situación similar vivida en el Senado: en el 2019, y a dos años de finalizar su
período en la Cámara alta, José Alperovich solicitó licencia mientras se lo
investigaba por abuso sexual, causa por la que fue declarado posteriormente
culpable. La licencia impide que otros senadores ocupen una banca hasta las
elecciones del 2025, que en este caso correspondería a Stefanía Cora (referente
de La Cámpora en Entre Ríos). Aunque Unión por la Patria no pueda recuperar
-hasta el momento- ese lugar, La Libertad Avanza perdió un importante aliado en
un recinto que cada voto resulta trascendental.
Este mismo año, se investigó a miembros de La Libertad
Avanza en la Cámara de Diputados por sus visitas a genocidas en la cárcel de
Ezeiza. Como la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba a cargo de un
miembro de su partido, el debate pasó a la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato (PRO). Hasta el momento, los acusados
no se defendieron presencialmente y la denuncia quedó trunca.
Sin embargo, en la última década existe una experiencia
concreta de desafuero. En octubre del 2017, y por pedido de la diputada de
Elisa Carrió (en ese momento, en la alianza Cambiemos), se logró por votación
mayoritaria el desafuero del legislador Julio De Vido mientras era investigado
por causas de malversación de fondos cuando ocupaba el cargo de ministro de
Planificación Federal. Eso habilitó la posibilidad de su detención, que se
concretó un día después, cuando el propio De Vido se entregó a la Justicia.
Previamente, hubo dos antecedentes de diputados apartados de
su banca, ambos pertenecientes al Partido Justicialista. El catamarqueño Luis
Luque, en abril de 1991, fue destituido luego de que su hijo fuera condenado
por el crimen de María Soledad Morales. Posteriormente, la bonaerense Norma
Ancarani de Godoy fue expulsada en 2002 luego de que se confirmen amenazas a
periodistas que la investigaban por actividades ilícitas. En otro sentido, en
distintas ocasiones no se les permitió asumir como diputados a Luis Patti,
Antonio Bussi y Raúl Romero Feris por sus vínculos con la última dictadura
cívico-militar.
Presión del peronismo por destitución de Kueider
Apenas conocida la noticia, en Unión por la Patria y La
Libertad Avanza comenzaron a desligarse de la responsabilidad por la filiación
partidaria de Edgardo Kueider, quien fue electo en el 2019 con la boleta del
peronismo pero que en el último año acompañó los proyectos del gobierno
libertario.
La presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, apuntó
contra Victoria Villarruel por designar a Kueider como titular de la Comisión
de Asuntos Constitucionales y le pidió “que no se haga la distraída”.
Eso llevó a una inmediata respuesta de la Vicepresidenta de la Nación: “El
senador Kueider entró en su boleta, con su cara al lado y sigue siendo un
afiliado del partido que usted preside”. Luego aclaró que “desde el
Senado somos respetuosos de las leyes y del orden institucional, la justicia
dirimirá responsabilidades y le aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos
que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido”.
Esa fue la solicitud del bloque de senadores de Unión por la
Patria, que emitió un comunicado reclamando “la expulsión de Edgardo
Kueider en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional por
inhabilidad moral sobreviniente dada por la gravedad de los hechos”. En el
mismo sentido, y contra Villarruel -quien preside el Senado- escribió la
peronista Cecilia Moureau, vicepresidenta de la Cámara de Diputados: “Si
tiene el culo limpio, convoque a una sesión de manera urgente y habilite la
inmediata destitución del senador Kueider”.