exige ser despejada a través de la lisa y llana eliminación del protocolo”
La medida de
la cartera de Sonia Velázquez adhirió al Protocolo Nacional, lo cual, según la
legisladora radical, recae en la “flagrante violación de las Constituciones
Nacional y Provincial, al Derecho Positivo vigente, jurisprudencia y doctrina
en la materia”.
Según indica el proyecto al que accedió INFORME DIGITAL, el
Protocolo entrerriano está redactado en base del Protocolo elaborado por el
Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 con el propósito de “instruir a
los agentes de salud que se desempeñan en la totalidad de las instituciones
sanitarias del país, públicas y privadas, para ‘garantizar el cumplimiento del
derecho a la interrupción legal del embarazo’”.
Lo que dice el archivo
Viola señala que se produce una “ampliación en los
estándares interpretativos respecto de los supuestos de ‘no punibilidad’
previstos en el artículo 86 del Código Penal” y considera que “conducen en los
hechos a una situación de liberalización completa de la práctica de abortos”.
“La vocación y ejercicio de la medicina esta dirigido a intentar salvar todas las vidas en riesgo, en este caso, la de la madre y la del niño por nacer”, fundamenta la legisladora de Cambiemos.
La diputada (foto) cuestiona que el Protocolo vigente en Entre Ríos
precisa que “debe procurarse, del modo más rápido posible, concretar la
práctica del aborto, sin siquiera dar cabida a un análisis médico integral para
evaluar la situación de la madre sin eliminar al hijo y los pos traumas físicos
y psíquicos derivados de la práctica de la eliminación de la vida por nacer”.
“Este tipo de documentos públicos carentes de fuerza
jurídica sólo contribuyen a generar una situación de grave incertidumbre que,
en un campo tan delicado como es el abordado por el Protocolo, exige ser
despejada a través de su lisa y llana eliminación”, sentencia el proyecto
ingresado y aún sin estado parlamentario.
Iglesia: “se
debería dictar una resolución que deje sin efecto la anterior”
Mientras tanto, desde la Iglesia Católica, el obispo de la
diócesis de Concordia, Luis Armando Collazuol, emitió un comunicado de prensa sosteniendo
que” la autoridad provincial competente debería dictar una Resolución que deje
sin efecto la anterior”, en alusión al protocolo.
Lo que dice el archivo
“Ningún derecho individual puede justificar la eliminación
de la vida humana del que no se puede defender. No hablamos de una vida sino de
dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser
preservadas y respetadas”, argumenta el prelado (foto).
Salud: “siempre se actúa respetando la legislación argentina”
Ante las repercusiones de un caso que parecía haber sido
superado en el debate público y el ámbito de la salud de Concordia y de la
provincia, el ministerio de Salud debió salir con su respectivo parte de prensa
a ratificar que el Estado de Entre Ríos adhirió al “Protocolo para la atención
Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”
durante 2017 y que “toda vez que se han requerido dichas prácticas, las mismas
se han realizado de manera respetuosa de los derechos”.
Desde la cartera sanitaria advirtieron que la publicación
que reflotó el caso del hospital Masvernat contiene “la descripción de hechos falsos” y afirmó que “las
políticas públicas que implementa están en el marco del respeto irrestricto de
las leyes”.
“Es importante aclarar que siempre se actúa respetando la legislación argentina que reconoce situaciones en las que el aborto está permitido”, advierten desde Salud.
Asimismo, manifiesta el ministerio a cargo de Velázquez (foto) que “los
profesionales de la salud frente a situaciones complejas de riesgo de salud,
riesgo de vida o violaciones/abuso sexual, están habilitados a proceder según
lo establecido en el Código Penal Art. 86, inc. 1 y 2, siempre y cuando la niña
o adolescente así lo demande”.
Por último, el comunicado del gobierno remarcó su “preocupación
por la manipulación de información, exponiendo a niñas, niños o adolescentes,
porque se vuelve a dañar la integridad de esas personas, vulnerabilizándolas
nuevamente”.
El proyecto de declaración
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