La diputada provincial María Alejandra Viola, que preside la
banca de Cambiemos en la Cámara baja, presentó este miércoles un proyecto de
ley provincial que apunta, como el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado
recientemente por el presidente Mauricio Macri, a recuperar para el Estado los
bienes generados o robados en delitos graves.
“Hay familias que luchan toda la vida para prosperar y
otros que van por el atajo. Es tiempo de que los que robaron
devuelvan a los entrerrianos hasta el último peso”, reclamó la diputada radical
afín al PRO.
Viola aclaró que su iniciativa “no es una adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Macri, sino un proyecto de ley que recepta los lineamientos de ese DNU”.
A su vez, cuestionó que desde el gobierno provincial se
manifestó que el procedimiento ya rige en Entre Ríos. “No es cierto, como se ha
intentado instalar en la discusión mediática, que en Entre Ríos funciona la
extinción de dominio. Sí se han decomisado bienes a algunos condenados por
corrupción, por ejemplo en el caso de Hugo Righelato (NdeR: ex director de
Obras Sanitarias), pero ese decomiso fue simbólico. No se ha recuperado
realmente lo que se sustrajo de las arcas públicas”, subrayó Viola.
“Sí es destacable de este caso particular lo expeditivo que
resultó el trámite judicial, porque se aplicó bien el nuevo Código Procesal
Penal”, reconoció.
Las declaraciones de la diputada macrista apuntan a las de
la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, quien luego del
anuncio presidencial del DNU aseguró que en Entre Ríos “viene funcionando muy
bien lo que ahora se pretende hacer en el orden nacional” y puso como ejemplo
los casos Righelato, y de los ex senadores Abelardo Pacayut y Mario Yedro.
“Nosotros ya tenemos establecida esta herramienta en nuestro
Código de Procedimientos Penales, por lo que no necesitaríamos adherir ni nada.
Habitualmente, cuando se aceptan sentencias en juicio abreviado, en los
acuerdos que se suscriben se contempla la entrega de determinados bienes de las
personas que resultan condenadas para uso estatal”, explicó la funcionaria de
Gustavo Bordet.
“El Estado provincial viene disponiendo de los bienes
secuestrados y decomisados como producto del delito en la forma en la que se
pretende hacerlo ahora en el orden nacional. Aquí se ha podido hacer esto más
ágilmente y con mayor eficacia en razón de que tenemos un código que podría ser
calificado como modelo”, destacó la ministra.
Lo que dice el archivo
Viola rechazó esas expresiones al anunciar su proyecto de
ley en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Y distinguió: “tenemos que
entender que los bienes se multiplican, porque el dinero se pone a trabajar, no
queda congelado en el tiempo. Por eso, cuando se procesa a un funcionario
público por peculado, sustracción de bienes o enriquecimiento ilícito, se
calcula un monto inicial de lo robado. Los embargos y los decomisos se hacen
sobre ese monto, pero nunca sobre lo que produjo lo sustraído”.
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