En la causa judicial por los “cuadernos de la corrupción” delex chofer Oscar Centeno, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, uno de los empresarios arrepentidos, declaró que diversasempresas pagaban coimas en contratos de obra pública y, además, se reunían paraarreglar licitaciones.
Entre las constructoras que nombró se encuentrandos que recientemente fueron adjudicadas para construir proyectosviales bajo el nuevo formato de Participación Público Privada (PPP) queimplementó la gestión de Mauricio Macri.
Lo que dice el archivo
La Nación publicó que, entre otras empresas, Wagner nombró aVial Agro SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Estas dos compañíasen junio último fueron adjudicadas para construir corredores viales bajo elnuevo formato de PPP que implementó Cambiemos.
Se trata de un acuerdo privadoentre el Estado y las empresas donde, a diferencia de lo que pasa hoy -donde elEstado pone los recursos para una obra que gana un privado-, el privadoadelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con lagarantía de esa propia obra.
Vial Agro ganó licitaciones para rutas de Buenos Aires por mil millones de dólares; Cartellone, por obras viales en esa provincia, y Córdoba, Mendoza y Santa Fe, fue adjudicada por U$S630 millones.
Estos corredores forman parte del primer proyecto de PPP queanunció el Gobierno para la construcción de seis proyectos viales. De esos, dos tramos de rutas en la Provincia de Buenos Aires, con unainversión estimada en casi mil millones de dólares, fue adjudicado a unconsorcio empresarial conformado por Vial Agro SA -empresa nombrada porWagner-, Paolini Hnos. SA e INC SA.
José Cartellone Construcciones Civiles SA, también nombradapor el constructor arrepentido, ganó la licitación de rutas nacionales en BuenosAires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con una inversión estimada en 630 millones de dólares.
Lo que dice el archivo
A pesar de haber ganado uno de los corredores, desde elMinisterio del Interior y Obras Públicas, que encabeza el jefe de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, elaboraron un listadodel Registro Nacional de Constructores donde la empresa JoséCartellone figura como una de las compañías a las que se le ha abierto procesosjudiciales o se les está haciendo un seguimiento por estar vinculada con causasde corrupción.
Gobierno: “hay que separar a las personas físicas de las jurídicas”
Por su parte, el ministro Transporte de la Nación, GuillermoDietrich, aseguró que”los contratos serán respetados y las compañías no serán castigadas por lo quelos empleados puedan haber hecho”. Además, añadió: “No limitaremos lascompañías, a menos que un juez diga lo contrario”.
Los seis corredores ya firmaron sus contratos a finales dejulio. Desde el Ministerio de Hacienda de la Nación explicaron que,desde la firma del contrato de los corredores, las empresas ya tienen elderecho a ser las que van a hacer la obra. Además, aseguraron que “se esperaque en octubre empiece a haber movimientos” en las obras.
“Los contratos serán respetados y las compañías no serán castigadas por lo que los empleados puedan haber hecho”, anunció Dietrich.
¿Qué puede hacer el Estado si se encuentran culpables dehechos de corrupción a directivos de estas empresas? Desde el Ministerio deTransporte explicaron que serán “respetuosos de las decisiones quetome la Justicia” y aclararon: “Hay que separar a las personas físicas de lasjurídicas”.
Qué dice la ley
La ley de PPP, más allá de lo que planee hacer el Gobierno,se refiere a estos casos. El artículo 23 establece incompatibilidades paraofertar y contratar respecto a las personas que, entre otros puntos, tengan unprocesamiento firme o condena por delitos contra la administración pública.
La ley es muy amplia sobre a quiénes seaplica estas incompatibilidades. Quienes cumplan con estas condiciones,”tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad oferente ocomo subcontratista de ésta”, ya sea directamente o “por intermedio de otraentidad” o que “forme parte de un conjunto económico con ella”.
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Además, el contrato de los corredores viales asegura que nosólo estarán inhabilitadas las personas físicas o jurídicas que estén conprocesamientos firmes o condenados, sino también las “que pertenezca al mismogrupo económico que cualquier otra persona o entidad” que cumplan con estasituación. También incluye en la inhabilitación el caso de la persona que”resulte beneficiaria, directa o indirectamente”.
“Si se aplicara la Ley de Procedimiento Administrativo, encaso de que estas personas sufrieran un procesamiento confirmado, estoscontratos deberían ser anulados por la administración basándose en el artículon° 7 de esta ley” que habla de los requisitos de un acto administrativo,aseguró Natalia Volosin, doctora en derecho por la Universidad deYale.
Será cuestión de ver qué decide la Justicia argentina, cuyas decisiones podrían ser apeladas: en un decretocomplementario a esta ley el Gobierno aprobó que, de existir conflictosjudiciales, se puedan llevar a tribunales arbitrales extranjeros en casos dondelos contratistas tengan accionistas extranjeros o los beneficiarios seanresidentes en el exterior. Lo mismo se estipula en el contrato de loscorredores viales.
(Fuente: Chequeado.com)
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