El gremialista indicó que la reunión fue “de carácter informativo” y la alternativa presentada tiende a “evitar toda litigiosidad futura entablando, por un lado, un diálogo permanente, y por otro, asegurando el mantenimiento de nuestra conquista gremial más importante que es el enganche en los haberes del vocal”.
Básicamente, se busca “evitar el conflicto entre poderes” y “que el Estado funcione regularmente en su conjunto”. Pero además, el gremio insiste en la necesidad de que este acuerdo que se logre con el Ejecutivo “se traslade al resto de los empleados del Estado”.
Según precisó Minatta, “las circunstancias económico-financieras de la provincia le permitirían al Gobierno, en un corto plazo, rediscutir con el resto de los sectores la actualización de los sueldos, más allá de lo que actualmente está otorgando”.
A través de este trabajo presentado por Ajer, “queremos asegurar el establecimiento de derechos adquiridos para el Poder Judicial, pero insistiendo con que el Poder Ejecutivo deberá viabilizar los caminos para poder discutir de nuevo con el resto de los trabajadores del Estado la actualización de sus haberes”.
En ese marco, el secretario general otorgó importancia a la constitución de una mesa paritaria o de convenciones colectivas de trabajo. “En este momento los tres sindicatos principales que integramos la CTA y dependemos del Estado, estamos estudiando el tema porque las convenciones colectivas del trabajo para el empleado público no existen en la provincia”. Según informó, “habría que adaptar la Ley nacional y definir entre los tres el modo de operarlo”.
Las opciones son la sanción de una Ley o el pedido del sindicato de que se forme esa mesa en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones laborales. Si bien estaba prevista la presencia del diputado provincial Enrique Cresto en el encuentro, el gremio aún no pudo reunirse con el legislador y espera hacerlo en el transcurso de esta jornada, para realizar algunos planteos a su proyecto.
“En su iniciativa hay argumentos que no pueden ser sostenidos”, dijo Minatta y citó como ejemplo la declaración de la emergencia. “El mismo Estado está dando a conocer porcentajes de incremento en la recaudación fiscal, en el saneamiento de las cuentas públicas y evidentemente la perspectiva es diferente como para plantear que el Gobierno se encuentra en emergencia”.
Por otro lado, -agregó- “estimamos conveniente que alguna cláusula de la ley establezca que el Poder Ejecutivo se hará cargo de la cancelación de la deuda que existe no sólo por la aplicación de la ley de actualización 8654 de octubre de 2002 a octubre 2003, sino la que corresponde a este semestre en el cual todos aceptamos que el Poder Judicial tenía que hacer un aporte concreto al Estado aceptando una especie de rebaja salarial, pero que en realidad se trataba de un concepto claro de suspensión”.
Finalmente, el secretario general informó a Apf, que la reunión prevista para mañana en la Cámara de Diputados “está pendiente de confirmación”.


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