El gobierno nacional de Alberto Fernández estudia la manera
de nutrirse de dólares para pagar los vencimientos de deuda externa con plazo
este año, obtener una parte de las divisas del sector agropecuario y a la vez
evitar un conflicto con la ruralidad de las dimensiones del que enfrentó la
administración de su actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, en
2008.
En la ley denominada “de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva”, que sancionó el Congreso a finales de 2019, el Ejecutivo quedó
autorizado a elevar en porcentaje las retenciones (“derechos de exportación”) a
productos del campo.
En la Rosada argumentaron, ante las críticas de las
entidades y de la oposición, que las retenciones mantienen en los hechos el
mismo nivel del dispuesto en septiembre de 2018 por la gestión de Mauricio
Macri, cuando post corrida cambiaria estableció que los productores paguen tres
y cuatro pesos –según la commoditie- por cada dólar exportado.
Lo que dice el archivo
Las alícuotas quedaron en 33% para porotos de soja, 15% para
trigo y maíz, 5% para productos agroindustriales de economías regionales
definidas por el Ejecutivo nacional, 5% para bienes industriales y servicios y 8%
para hidrocarburos y minería.
Ante la insistencia en el rechazo y las movilizaciones de
algunas bases de productores –sin convocatorias de las entidades-, el
oficialismo justicialista incluyó un artículo que habilita la segmentación de
las retenciones según el tipo de productor, un reclamo histórico de algunas
asociaciones como la Federación Agraria.
Lo que dice el archivo
El Ejecutivo quedó conminado a “establecer mecanismos de
segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad
de los pequeños productores y cooperativas” y a establecer “criterios que
estimulen la competitividad en función de las distancias entre los centros de producción
y los de comercialización”, es decir los puertos.
Evitar otro 2008
La segmentación de retenciones, que el propio presidente le
confirmó a la Mesa de Enlace en un encuentro en la Casa Rosada, es la clave que
encontró el nuevo oficialismo para evitar un levantamiento agrario como el que
marcó al gobierno de CFK.
Alberto Fernández lo reconoció en una entrevista en TN:
“Les garanticé que los pequeños productores
esta vez tendrían un sistema de reintegros que no los haga pagar como otras
veces. De la 125 aprendí. Dos veces no me va a pasar. En este contexto fiscal
le estamos pidiendo al campo un esfuerzo, quizás mayor al que esperaba”, admitió el presidente.
La gran crítica que recibió aquella medida de la primera
administración de Cristina fue que no distinguió entre grandes, medianos y
pequeños productores a la hora de cobrar las retenciones. La resolución 125/08,
firmada por el entonces ministro de Economía –luego renunciado- y hoy senador
de Cambiemos, Martín Lousteau, introdujo retenciones móviles que ataba el
porcentaje a pagar al precio internacional de la materia prima.
Esto hacía que en el caso de la soja, si la tonelada valía 200
dólares en el mercado internacional, el productor pagase 23,5% de “derechos de
exportación. La tablita de Lousteau llegaba hasta un 58,47% de retenciones si
el poroto alcanzaba el valor de 750 dólares. Todo esto sin diferenciar
(segmentar) las retenciones según el tamaño –y por lo tanto la riqueza o
capacidad de pago- de los productores: todos pagarían lo mismo.
La histórica revuelta agraria tumbó la medida, que no logró
pasar el aval del Congreso, con el recordado “voto no positivo” del entonces
vicepresidente radical Julio Cobos, hoy también senador por Cambiemos. El
rechazo a la 125 unió a productores rurales de todas las clases sociales.
En los cortes de rutas, asambleas y acampes podía verse
desde humildes tractores de pequeños productores y arrendatarios junto a
fastuosas maquinarias y camionetas de grandes propietarios y hacendados. La
nueva modalidad que analiza en estos días la administración de Alberto Fernández
apuntaría a evitar esa unidad y repartir el ajuste de manera diferenciada.
“Beneficiar a los pequeños”
El diputado nacional entrerriano Marcelo Casaretto (Frente
de Todos) se comunicó con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis
Basterra, y destacó que el funcionario de Alberto “está en permanente
diálogo con las entidades de la Mesa de Enlace y otras organizaciones
representativas del sector, intercambiando criterios sobre la instrumentación
de las medidas”.
Según el legislador de Entre Ríos, la intención del
presidente es “beneficiar a los pequeños productores y cooperativas con la
segmentación de los derechos de exportación y la regionalización, contemplando
las distancias a los centros de comercialización”, indicó Casaretto en
declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.
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