“El decreto es una locura: no podemos andar por ahí pateandolas puertas de la casas”. Nadie le pidió tanta honestidad, pero la alta fuentede un gobierno provincial -que pidió reservar su nombre- no dudó en cuestionarla decisión del Presidente Alberto Fernández de prohibir los encuentrossociales y familiares para apaciguar los contagios de coronavirus. A dos díasdel anuncio, que incluye sanciones penales para los “rebeldes” que se juntencon amigos o familiares, las provincias se van “pintando” de distintos coloressegún la traducción subjetiva que hacen del decreto nacional. De esaheterogeneidad salen algunos interrogantes: ¿Por qué algunas provincias dicenque acatarán a full la medida y con más dispositivos de control, mientras queotras seguirán como hasta ahora, resignadas al “hacemos lo que podemos”? A lavez, ¿es posible controlar a la población (sin pasarse de la raya) o solo fueuna declamación exagerada del Presidente?
Clarín habló con autoridades de Seguridad de variasjurisdicciones. Unos pocos llamados bastaron para vislumbrar los contrastestípicos del territorio nacional. Desde provincias confiadas en su poder de”detect-ar” incumplimientos, como el caso de Mendoza, que anunció unseguimiento urbano y virtual, en busca de potenciales infractores en las redessociales, hasta la “rebelde” del momento, Corrientes, que se resiste a volverde la cuarentena light.
Tanto es así, que una alta fuente de ese Gobierno quisoaclarar la cuestión a este medio, pero no pudo evitar enredarse: “No es que seva a desacatar el decreto. Lo que dijo el Gobernador (Gustavo Valdés) es que seva analizar el tema. Seguimos en fase 5 porque los controles se mantienenbastante firmes y no hay mucha circulación de la gente. El gobernador dijo queestamos bien. Nuestra situación no es parecida a la de Resistencia (Chaco) o ladel AMBA”.
El asunto es álgido y por eso varias fuentes pidieron hablaroff the record. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde un vocero quecharló con este medio admitió que prohibir las reuniones “es una medidaimposible de cumplir”, sin contar lo difícil que es probar la responsabilidadde alguien cuando proliferan los contagios en cierto domicilio. Básicamente,”el delito que busca penar es prácticamente incomprobable”, frase en línea conotra más trillada que también dijo: “La peor medida es aquella que no se puedecontrolar”.
En la ciudad de Buenos Aires se respira un aire similar.Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que “siempre se responde a lasdenuncias que pueden ingresar al 911 o al 147 sobre estas situaciones. Ytambién el personal que está en la calle trabaja con atención en el tema. Ya sehan puesto a disposición de la Justicia muchas fiestas clandestinas en laCiudad. Como siempre, se apela a la responsabilidad de los vecinos, para noechar por tierra lo logrado”. Es decir, controles hay, pero no se sumará ningúndispositivo nuevo tras el decreto.
Hablando de responsabilidad individual, más vale tenerla, enespecial si uno vive en Entre Ríos, donde el gobernador Gustavo Bordet aclaróque, si bien la provincia “no volverá a una situación de aislamiento”, se”agregan prohibiciones”. Y remarcó: “Vamos a garantizar el cumplimiento deldecreto trabajando con las fuerzas de seguridad provinciales, federales yagentes municipales de cada ciudad”. En línea con esos dichos, el fiscal deEstado provincial, Julio Rodríguez Signes, advirtió este martes que quien violeel decreto será “pasible de pena privativa de la libertad”.
En Santa Fe se anunció que la policía provincial volverá atrabajar con los municipios tal como ocurrió durante la cuarentena ?más restrictiva. Se habilitó una línea 0800 para denunciar incumplimientosy se sumará un monitoreo de redes sociales. Rosario -donde los encuentros yaestaban prohibidos- continuará los operativos para desarticular fiestasclandestinas, pero ahora tiene previsto enfocarse también en”juntadas” más chicas.
Aunque el DNU parece claro, su enfática letra no termina decubrir los matices de distintas normativas provinciales ya adoptadas por lapoblación. Por ejemplo, las reuniones que no ocurren en el ámbito privado sinoen público: bares y plazas, o simplemente, en la vereda.
Es el caso de Córdoba?: suspendieron las reuniones familiaresdomingueras que estaban permitidas para un máximo de diez personas, pero “losbares siguen abiertos (siguiendo el protocolo sanitario); ahí hay un gris en laaplicación del decreto nacional”, explicaron desde el entorno delGobernador Juan Schiaretti?.
En cuanto a las medidas de control, seguirán como hastaahora: entre otras, un 0800 para denunciar encuentros o fiestas, y laaplicación de una flamante ley de multas, lanzada por el propio gobernador yaprobada el 8 de julio por la Legislatura provincial. En cuanto a losencuentros de los domingos, agregaron: “Volverán a habilitarse desde el 16 deagosto, si no hay nuevas determinaciones de Nación”.
Misiones, otro caso con severas contradicciones, completauna foto del Noreste argentino bien dispar. Por un lado, Corrientes, enaparente pose de “oveja negra”; por el otro, la dureza de Entre Ríos; y en lajurisdicción gobernada por Oscar Herrera Ahuad, mientras aseguran que adhierena la medida nacional, se mantienen varias actividades autorizadas porprotocolo: esto es, locales gastronómicos abiertos, turismo interno y prácticasdeportivas: fútbol amateur, ciclismo, caminatas y running.
Un escenario tan variado despierta algunas preguntas. ¿Tienesentido este DNU o es otro típico “error de comunicación” de la esferapolítica? ¿Por qué la inclinación por la amenaza de sanción penal antes que unaenfática “recomendación” a la población?
Un experto en psicología forense, abocado al estudio deldelito y la delincuencia, pidió mantener su nombre en reserva antes de definirel incómodo lugar en el que, a su juicio, quedó posicionado el PresidenteAlberto Fernández en el contexto de la pandemia.
“El problema con el DNU es casi un tema de transferencia, esdecir, de intercambio de saber. Ocurre que el saber que la gente le atribuía alPresidente cuando comenzó la pandemia ya no es el mismo que ahora. Primerotenía una posición respetada: no era soberbio, era cauteloso, había elegido uncomité de expertos, era prudente. Ahora es criticado: dicen ‘tenemos ungobierno de médicos’, y algunos sienten que están en jaque las libertadesindividuales: terminaron inscribiendo en el fuero penal lo que no alcanzaron acontrolar con la responsabilidad individual”.
Así, “se deslegitimó la autoridad de ese saber. Hoy la gentele teme más a cómo subsistir que al propio coronavirus”, dijo el experto, yconcluyó: “Creo que el decreto va a ser muy difícil de cumplir en este momentode la cuarentena. Va a caer en saco roto. La amenaza penal es extemporánea. Alprincipio la gente tenía miedo y hubiera acatado, incluso sin sanciones. Peroahora… todos están cansados”.
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