Durante la misma conferencia en la que anunció el cierre de Vialidad Nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló las reformas más significativas impulsadas por Javier Milei a través de 65 decretos delegados en el último año, lo cual generó un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales en gastos estatales. Destacó que fue la primera gestión en emplear estas facultades respetando estrictamente los límites establecidos por la Constitución (sin prórrogas indefinidas) y con un objetivo claro: llevar a cabo las reformas necesarias para rescatar a Argentina de su crisis.
Un punto central del anuncio fue la disolución de varios institutos nacionales considerados poco funcionales, según su indicación. Este paquete incluyó el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Belgraniano y el Juan Domingo Perón, así como otros relacionados con el patrimonio histórico y cultural. Además, se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad interna del Ministerio de Salud, mientras que el INTI se convirtió en una “unidad organizativa” con funciones limitadas, y el INTA se reconvirtió en un organismo desconcentrado.
En medio de su extensa enumeración, resaltó la labor del gobierno de Javier Milei, afirmando que es “uno de los pocos desde el retorno de la democracia que no ha solicitado una prórroga en las facultades delegadas”. En esta línea, repitió que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas es un mero trámite”.
Paralelamente, Adorni enfatizó una profunda reestructuración de autoridades y agencias vinculadas al transporte y a la salud pública: la Dirección Nacional de Vialidad fue disuelta; la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue reemplazada por controles a cargo de la Gendarmería, que ya ha realizado la inspección de 2,5 millones de vehículos y 80.000 puntos de control anuales; las comisiones nacionales del tránsito y del transporte fueron absorbidas por una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
En el ámbito sanitario, se avanzó en la unificación administrativa y financiera de cinco hospitales nacionales (Somer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e Inareps), se eliminaron delegaciones sanitarias federales inactivas, y se revocó la facultad del Ejecutivo de crear nuevos hospitales bajo SAMIC. Además, el Instituto Nacional del Cáncer fue integrado al Ministerio de Salud para mejorar su gestión, se reorganizaron funciones dentro del Malbrán para evitar duplicaciones y se suprimieron el Instituto Nacional de Medicina Tropical y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, este último creado por ley en 2015 pero nunca operativo, según afirmó Adorni.
En el sector agropecuario y social, Adorni expuso que se eliminaron organismos que excedían su función original: el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, donde el 85 % del presupuesto se destinaba a salarios para mil empleados, y el Instituto Nacional de Semillas, cuya eliminación representa un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales. También se disolvió la agencia regulatoria del cáñamo medicinal, y se criticó al INADI por tener 430 empleados y elevados costos de alquiler, acusándolo de funcionar como plataforma de “adoctrinamiento político”.
Adorni subrayó que estas medidas buscan eliminar duplicaciones y gastos innecesarios, e incluyó el cierre de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos, cuyo presupuesto representaba apenas el 0,15 % de lo invertido, según sus palabras.
Para finalizar, Adorni destacó que, gracias a este plan de reformas, Argentina comienza a alinear sus estructuras estatales con estándares de eficiencia internacional, rescindindo contratos y cerrando áreas que calificó como “temas frívolos y costosos”, dejando claro que, a pesar de los desafíos pendientes, ya se ha ganado una batalla importante contra el gasto público improductivo.
Por qué el Gobierno decidió cerrar Vialidad Nacional
La medida fue presentada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, como un gesto tanto simbólico como práctico contra lo que ellos denominaron “corrupción en la obra pública”. El anuncio fue precedido por un video sobre la causa judicial que condenó a Cristina Kirchner por irregularidades en contratos de obra durante su gobierno, especialmente los asignados a Lázaro Báez. Según Adorni, Vialidad había sido “un instrumento para maniobras ilegales” y el cierre responde a la voluntad del Ejecutivo de poner fin a ese modelo de gestión.
Adorni calificó la medida como “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, a la vez que defendió el uso de las facultades delegadas para impulsar este tipo de reformas estructurales. El cierre de Vialidad Nacional, más allá de su simbolismo político, se enmarca dentro de una estrategia para reducir gastos y evitar superposiciones burocráticas.
El cierre de Vialidad Nacional se suma a una extensa lista de medidas del gobierno de Javier Milei, que no solo busca disminuir el tamaño del Estado, sino también marcar distancia (y aplicar un castigo simbólico) al legado del kirchnerismo. Desde la eliminación del INADI, acusado por el oficialismo de ser un “aparato de persecución ideológica”, hasta el vaciamiento de organismos culturales vinculados a figuras del peronismo, como el Instituto Juan Domingo Perón, el discurso libertario se sostiene en la narrativa de desmantelar “el modelo corrupto” que identifican con los gobiernos anteriores.
TC/EM
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