La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó ayer su preocupación por la marginación que ha sufrido Editorial PERFIL y otros medios nacionales y regionales en la contratación de publicidad por parte de empresas con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
Dicha manifestación de Adepa se refiere a que PERFIL no fue considerado entre los medios de comunicación exonerados de deudas contraídas antes del 10 de diciembre de 2023, lo que “desconoce el principio de continuidad jurídica de los actos estatales”, argumentó la entidad periodística.
Ambas situaciones resultan alarmantes, señalaron, ya que podrían implicar una sanción editorial o un trato desigual por parte del Estado, en contradicción con los principios de equidad, objetividad y proporcionalidad que deben regir la asignación de recursos públicos.
Adepa hizo eco de esta preocupación en una carta enviada en marzo pasado a Manuel Adorni, vocero presidencial y encargado de la relación con los medios, pero hasta la fecha el problema persiste sin corrección.
La explicación del Gobierno y el documento de ADEPA: en este contexto, varios funcionarios intentaron justificar la exclusión como una decisión autónoma de “empresas comerciales”.
No obstante, estas compañías cuentan con participación mayoritaria del Estado Nacional, y sus administraciones están bajo la supervisión de ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, Adepa señala en su comunicación oficial que si se gestionan “con criterios exclusivamente comerciales, las contrataciones publicitarias (al igual que cualquier otra de bienes o servicios) deben seguir una lógica de mercado”.
La entidad agrega: “Excluir a medios que no son desconsiderados por otras empresas de los sectores energético, aerocomercial o financiero en sus inversiones publicitarias constituye un claro indicio de discriminación por razones editoriales”.
En este marco, como lo indicó Adepa en su documento publicado en febrero de 2024, la contratación publicitaria de organismos o empresas estatales —independientemente de su forma jurídica— se manifiesta en operaciones contractuales que deben pagarse a valores de mercado.
En tales contrataciones se debe evitar cualquier forma de favoritismo o sanción por la línea editorial.
Así lo establecen también los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el marco legal vigente.
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