Una serie de resoluciones recientes de las Fiscalías Federales de Lomas de Zamora —a cargo de Cecilia Incardona (Fiscalía N° 2) y Sergio Mola (Fiscalía N° 1)— encendieron las alertas en los ámbitos judicial y político. En al menos 15 expedientes vinculados a incendios, destrozos y daños agravados en cárceles federales, ambos fiscales decidieron archivar las causas y trasladar los hechos al plano meramente administrativo o disciplinario. Esa decisión motivó una denuncia por parte de la Fundación Apolo.
Los episodios más relevantes ocurrieron en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza –tanto en Prisma como en los módulos de ingreso– y en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres. Allí se constató la quema intencional de colchones, en algunos casos reiterada por el mismo interno en pocas horas; la destrucción de cámaras de seguridad en pabellones psiquiátricos; y protestas violentas con quema de mobiliario. Todos los hechos quedaron acreditados mediante pericias, filmaciones, informes médicos y testimonios.
No obstante, el criterio adoptado por Incardona y Mola fue coincidente: interpretaron los incidentes como expresiones de desesperación o desbordes emocionales, más que como delitos. Argumentaron que los internos no tenían plena capacidad de discernimiento y que el derecho penal, de aplicación “fragmentaria y mínima”, no debía intervenir en situaciones de “baja entidad”. En consecuencia dispusieron el archivo y recomendaron sanciones exclusivamente disciplinarias conforme al Decreto 18/97.
La reiteración de ese razonamiento en múltiples resoluciones no solo establece un precedente de inmunidad práctica para conductas graves, sino que además transmite un mensaje peligroso: incendiar colchones, destruir cámaras de seguridad o dañar bienes públicos en prisión deja de considerarse delito y se reduce a una mera infracción carcelaria.
El cuestionamiento no recae únicamente sobre el Ministerio Público Fiscal: también se critica la pasividad del Ministerio de Seguridad de la Nación, que no habría implementado protocolos eficaces para prevenir incendios intencionales, proteger al personal penitenciario ni garantizar sanciones ejemplares. Mientras el Estado destina millones de pesos a reponer colchones, reparar cámaras y restaurar pabellones, los responsables materiales de los daños permanecen sin condena penal. “Esto no es mínima intervención penal, es máxima impunidad”, advirtieron fuentes vinculadas a la Fundación Apolo, denunciante del caso. En ese sentido, el dirigente Yamil Santoro confirmó que desde la Fundación Apolo se presentó una denuncia contra los fiscales Mola e Incardona por “encubrir violencia y destrozos en cárceles federales”. Según sostuvo, “los fiscales vienen favoreciendo a los criminales archivando causas y evitando que se les cobre por los hechos vandálicos que destruyen bienes públicos”.
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