El Colegio de Abogados de Entre Ríos se dirigió al Superior
Tribunal de Justicia, mediante una nota enviada por el presidente de la
entidad, Alejandro Canavesio, al titular del STJ, Martín Carbonell, con el objetivo
de que se suspenda la feria judicial invernal en la provincia.
El Colegio, que ya venía planteando la necesidad de
continuar ininterrumpido el trabajo tribunalicio en el marco de la pandemia por
el coronavirus, propuso en la nota “que se aborde de forma concreta la
suspensión de la feria de invierno que se lleva regularmente adelante en el mes
de julio” y dura dos semanas.
En las distintas secciones de la entidad en la provincia “es
uniforme el criterio”, según afirmó Canavesio en la carta. A su vez, argumentó
que la suspensión “sería excepcional y por única vez en el corriente año
permitiría avanzar con las causas en trámites y brindar una tutela judicial
efectiva”.
La actividad judicial en Entre Ríos motivó numerosos cruces
en los últimos meses entre el Colegio de Abogados, que reclamaba la
reactivación plena del servicio de justicia, y el STJ, que optaba por mantener
el parate en los tribunales y disponía un regreso paulatino, a un ritmo más
lento que el exigido por los profesionales.
Lo que dice el archivo
La tensión por la reactivación finalmente llegó a un punto
de acuerdo y la actividad volvió casi normalmente a los tribunales, con medidas
de prevención para evitar la propagación del Covid. Sin embargo, la inminencia
de la feria de invierno vuelve a motivar intensas gestiones entre la entidad
privada y el STJ.
El planteo de que Entre Ríos pase de largo la feria judicial
de invierno ya había sido planteada institucionalmente en la Legislatura por el
interbloque de diputados provinciales de Cambiemos, que presentó un proyecto de
resolución para que la Cámara se dirija al STJ y lo inste a la suspensión “atendiendo
a la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 que motivara la
paralización, suspensión y retardo de la actividad judicial”.
Lo que dice el archivo
Entre los fundamentos, la iniciativa opositora se hacía “eco
de un reclamo generalizado de los abogados matriculados de la provincia”, e indicaba
que “las sucesivas prórrogas del aislamiento social” repercutieron “sensiblemente
en la actividad judicial debido al Receso Judicial Extraordinario”
dispuesto por Acuerdo Especial del STJ fechado el 15 de marzo.
Las causas sanitarias, según la oposición,
“razonablemente justificaron una paralización del servicio de justicia a
mediados de marzo pero deben ser equilibradas con un paulatino, ininterrumpido
y decidido retorno a la normalidad”.
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