El 6 de diciembre se cumplió un año de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aceptó la queja presentada por la exprocuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, contra su destitución en 2022. El máximo tribunal declaró “admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y se deje sin efecto la sentencia apelada”, aquella dictada por el Superior Tribunal de Justicia cuando estaba presidido por la vocal Susana Medina (quien ahora enfrenta un pedido de jury por sus ausencias y gastos injustificados).
Los jueces también ordenaron que el expediente vuelva “al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente y remítase la queja”.
En su resolución, la Corte repasó las dos denuncias contra Goyeneche, la conformación del Jurado de Enjuiciamiento y la resolución que apartó a la funcionaria de sus tareas el 30 de noviembre de 2021, en pleno juicio contra el exgobernador Sergio Urribarri. El fallo recordó los planteos de la exprocuradora sobre la integración del Jurado y quiénes eran responsables del control de la constitucionalidad del proceso. También mencionó decisiones del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos relacionadas con el enjuiciamiento, como la designación de un fiscal ad hoc, que dejó fuera al Ministerio Público Fiscal, órgano previsto por la Constitución provincial para ejercer la acusación.
Hace un año la Corte dispuso que los planteos de Goyeneche regresaran al Superior Tribunal de Justicia para que ese tribunal adopte una nueva decisión respecto del control de constitucionalidad del proceso que concluyó con su destitución, pues la Corte consideró que aquel fallo se dictó “contra derecho” y violando normas legales y constitucionales provinciales.
El retorno del expediente al STJ se demoró varios meses porque debía resolverse quién afrontaría las costas del proceso. Finalmente, en agosto de 2025, el Gobierno de Entre Ríos fue condenado a pagar ese trámite ante la Corte.
A mediados de noviembre se conformó el tribunal del STJ que debe resolver conforme a los criterios marcados por la Corte y anular el Jury. Todos los vocales del máximo tribunal entrerriano se apartaron, salvo Carlos Federico Tepsich, quien no había sido designado cuando ocurrió aquella polémica resolución. En su reemplazo quedaron designados María Alejandra Abud, del fuero laboral; Aranzazú Quiroga y Marcelo Baridón, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná; Santiago Brugo y Mauricio Mayer, del Tribunal de Juicio y Apelaciones; el vocal de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Nicolás Cossy; la jueza de Familia de Paraná, Claudia Laferriere; el camarista Civil y Comercial Andrés Marfil; y el mencionado Tepsich, designado presidente de este tribunal.
Los votos deben emitirse en ese orden y, según pudo saber ANÁLISIS, ya se registraron tres. El proceso que parecía rápido se frenó hace tres semanas en el despacho del cuarto vocal, que aún no emitió su voto.
En este tipo de causas no es necesaria la votación de los nueve vocales: si se alcanza una mayoría de cinco votos, el expediente queda resuelto. Solo ante diferencias de criterio llega a votarse la totalidad para conformar mayorías.
Si se confirma lo que ordenó la Corte, además de la restitución de Goyeneche en su cargo, podría abrirse otro trámite: el reclamo por salarios caídos, que debería afrontar el Gobierno provincial y se tramitaría por intermedio de la Fiscalía de Estado.
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