En el debate actual sobre la modernización de las
instituciones políticas, la propuesta de un sistema legislativo unicameral
emerge como una alternativa que merece una consideración seria, acorde a los
tiempos que vivimos.
Lejos de ser una simplificación ingenua, la adopción de una
única cámara legislativa podría representar un avance significativo en términos
de eficiencia, transparencia e, incluso, de una mejor representación de la
voluntad popular para Entre Ríos ¿No es acaso hora de cuestionar las inercias
organizacionales que, porque hace mucho son así, nos alejan de una mejora
institucional considerable?
El argumento central a favor del unicameralismo radica en la
optimización del proceso legislativo. La existencia de dos cámaras conduce
lógicamente a una duplicación de esfuerzos, de revisiones y a la necesidad de
múltiples instancias de conciliación ¿Podemos permitirnos seguir tolerando esta
lentitud burocrática en un mundo que demanda respuestas políticas ágiles y efectivas?
Una única cámara, al eliminar estos pasos redundantes, podría agilizar la
tramitación de leyes, permitiendo una respuesta más rápida y directa a las
necesidades de la ciudadanía.
En cuanto a los costos operativos del Estado, la reducción
que implicaría un sistema unicameral es innegable. Menos legisladores, menos
estructuras administrativas, significan una menor carga para el erario público.
En un contexto donde la eficiencia en el manejo de los recursos es una demanda
constante, y es aún más amplificada por el contexto acuciante actual, ¿no
resulta natural explorar un modelo que permita optimizar el gasto destinado al
funcionamiento del Poder Legislativo, sin que ello implique necesariamente una
merma en la calidad de la representación?
La transparencia y la rendición de cuentas también podrían
verse fortalecidas con un sistema unicameral. Al concentrarse la labor
legislativa en un único órgano, el seguimiento por parte de la ciudadanía y de
los medios de comunicación se simplifica considerablemente. ¿No es más fácil
para el ciudadano controlar y evaluar el desempeño de sus representantes cuando
la responsabilidad se concentra en una sola cámara, en lugar de diluirse entre
dos cuerpos deliberativos? La identificación de responsables en caso de
ineficiencia o malas decisiones se vuelve mucho más directa, y por tanto
deseable.
La simplicidad institucional que ofrece el unicameralismo no
es un aspecto menor. Un solo órgano deliberativo provincial es inherentemente
más sencillo de comprender y de gestionar desde el punto de vista organizativo
y jurídico. Se evitan así las potenciales fricciones y los conflictos de
competencia que pueden surgir entre cámaras.
Finalmente, si bien se argumenta que el bicameralismo
garantiza una mejor representación de los intereses territoriales, ¿es esta realmente la
función primordial de una segunda cámara en el contexto actual? La experiencia
de provincias como Córdoba, que adoptó deliberadamente un sistema unicameral en
2001, sugiere que este modelo puede coexistir perfectamente con una
representación territorial adecuada, combinando legisladores departamentales
con representación proporcional. Los resultados en términos de eficiencia
legislativa y reducción de costos son datos concretos que invitan a la
reflexión.
En suma, la adopción de un sistema legislativo unicameral no
debe ser vista como una renuncia a la representación o a la deliberación, sino
como una oportunidad para construir un sistema más ágil, austero y moderno.
Experiencias como la cordobesa, o incluso la entrerriana con la reforma de
Racedo de 1883, demuestran que podemos y nos debemos un sistema político
institucional más simple, que facilite la gestión de lo público para llevarle
soluciones a nuestro pueblo entrerriano.
(*) Ministro de Gobierno y Trabajo
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