“Seamos libres y lo demás no importa nada”. José de San Martín
Los trabajadores argentinos en 1945 comenzamos a concretar los derechos socioeconómicos, que a pesar de tantas luchas, no se habían conseguido. Esas conquistas se plasmaron en la ley, la Constitución Nacional de 1949. Ese lejano país reconocía el derecho de los trabajadores a un sueldo digno, a la cultura, a la ancianidad; consolidaba el mercado interno y fomentaba la industria. La acción social se centralizó especialmente en privilegiar a los niños.
La solidaridad de clase, la unidad, la voluntad política construyeron un país que apuntaba a la justicia social. Es decir, se produjo una redistribución del ingreso achicando la brecha de las desigualdades (el 50 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de la riqueza nacional para el capital y el 50 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} para los trabajadores). En los años 60/70 la Argentina se ubica dentro de los países con mejor poder adquisitivo de sus trabajadores, la escuela, la universidad y la salud pública son reconocidas en todo el mundo.
Ahora bien, estas condiciones se lograron porque las clases populares lucharon y en esa lucha sufrieron cárcel, proscripciones, exilio, persecuciones de parte de las clases dominantes.
Ese lejano y cercano país, ese paradigma lleno de contradicciones pero más justo, soberano e independiente comenzó su desarticulación a partir del 75, a sangre y fuego. El abroquelamiento de las clases propietarias, los militares y políticos serviles y alcahuetes, los sindicalistas entregadores, dejaron este país de fragmentación y exclusión.
El gobernador Jorge Busti no puede desresponsabilizarse de la transferencia monumental de recursos, de las clases populares al sector especulativo financiero de las últimas décadas. Recordemos que esa actitud cómplice legitimó la privatización del patrimonio público – Epeer, Banco de Entre Ríos, Frigorífico Santa Elena…-. Además no olvidamos que se firmaron pactos fiscales es decir, se le entregó a la Nación en los ´90, unos 1.500 millones de pesos/dólares y se favoreció mayoritariamente a las empresas privatizadas extranjeras con la convertibilidad del peso a dólar con grandes ganancias.
Los salarios se congelaron por más de una década y posteriormente se incurre permanentemente en la ilegalidad con pago de haberes mínimos, en negro, asignaciones especiales y demás.
La megadevaluación de la moneda de Duhalde-Kirchner acompañada por nuestro gobernador, por entonces senador nacional. Los sectores favorecidos pasaron a ser los exportadores. La transferencia de recursos, las reservas, los superávit fiscales, provienen nuevamente del sector del trabajo destinada especialmente al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. La contracara es una sociedad empobrecida y hambreada, condiciones de trabajo indignas, salarios de indigencia…
¿De qué lado esta el gobierno entrerriano?
¿Les queda alguna duda cuando sumisamente se acepta y convalida la Responsabilidad Fiscal en un país y una provincia con altos niveles de pobreza e indigencia especialmente en Concordia y Paraná?
Diferenciarse permanentemente con la catástrofe social y los bonos federales de que sufrimos con Montiel es de mucha mediocridad o quizás impericia.
El domingo 14 de Agosto en los medios gráficos apareció una costosísima solicitada pagada por el pueblo entrerriano atacando, enlodando la lucha docente. Eso sí, hay un dato de importancia en uno de los gráficos publicados referido al presupuesto total de educación año 2005 de 590 millones de pesos. Nos preguntamos por el Art. 210 de la Constitución provincial que se refiere al 25 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de rentas generales (el presupuesto provincial actual es de 2.930 millones, saquemos cuenta de cuánto falta para que se cumpla la ley y en qué se podría utilizar esa diferencia).
¿Hay democracia controlada en Entre Ríos?
¿De qué diálogo habla el gobernador?
El ejercicio del derecho a la huelga consagrado en la Constitución nacional está vapuleado, cercenado, vigilado. Pareciera mimetizado por la política autoritaria del gobierno de Montiel.
Desde Entre Ríos no se puede reformar la Constitución Argentina, ni reglamentar el derecho de huelga.
En una democracia son inaceptables las amenazas, los descuentos, los aprietes telefónicos, y demás.
Concluimos.
* Los trabajadores sabemos que estamos en un momento histórico para lograr algunas vindicaciones.
* El derecho a huelga es innegociable para los trabajadores.
* La unidad de los trabajadores de la educación es nuestra mayor fortaleza, demostrada en la calle y en la adhesión al plan de acción.
* La solidaridad del sector con los jubilados habla de una conciencia madura y en crecimiento que no acepta la discriminación ni la postergación.
* La aceptación de la extensión del calendario escolar sería renegar de nuestra propia lucha.
* El Estado tiene un rol indelegable con la inversión en Educación, tanto en la gestión pública como la privada.
* Demandamos la cobertura de suplencias inmediatamente de producidas.
Estas exigencias son básicas.
Los trabajadores de la Educación ratificamos nuestra voluntad de diálogo, nuestro compromiso con la escuela pública, nuestra legal y legítima lucha, en unidad y solidaridad, por la dignidad.
(*) Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
Los trabajadores argentinos en 1945 comenzamos a concretar los derechos socioeconómicos, que a pesar de tantas luchas, no se habían conseguido. Esas conquistas se plasmaron en la ley, la Constitución Nacional de 1949. Ese lejano país reconocía el derecho de los trabajadores a un sueldo digno, a la cultura, a la ancianidad; consolidaba el mercado interno y fomentaba la industria. La acción social se centralizó especialmente en privilegiar a los niños.
La solidaridad de clase, la unidad, la voluntad política construyeron un país que apuntaba a la justicia social. Es decir, se produjo una redistribución del ingreso achicando la brecha de las desigualdades (el 50 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de la riqueza nacional para el capital y el 50 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} para los trabajadores). En los años 60/70 la Argentina se ubica dentro de los países con mejor poder adquisitivo de sus trabajadores, la escuela, la universidad y la salud pública son reconocidas en todo el mundo.
Ahora bien, estas condiciones se lograron porque las clases populares lucharon y en esa lucha sufrieron cárcel, proscripciones, exilio, persecuciones de parte de las clases dominantes.
Ese lejano y cercano país, ese paradigma lleno de contradicciones pero más justo, soberano e independiente comenzó su desarticulación a partir del 75, a sangre y fuego. El abroquelamiento de las clases propietarias, los militares y políticos serviles y alcahuetes, los sindicalistas entregadores, dejaron este país de fragmentación y exclusión.
El gobernador Jorge Busti no puede desresponsabilizarse de la transferencia monumental de recursos, de las clases populares al sector especulativo financiero de las últimas décadas. Recordemos que esa actitud cómplice legitimó la privatización del patrimonio público – Epeer, Banco de Entre Ríos, Frigorífico Santa Elena…-. Además no olvidamos que se firmaron pactos fiscales es decir, se le entregó a la Nación en los ´90, unos 1.500 millones de pesos/dólares y se favoreció mayoritariamente a las empresas privatizadas extranjeras con la convertibilidad del peso a dólar con grandes ganancias.
Los salarios se congelaron por más de una década y posteriormente se incurre permanentemente en la ilegalidad con pago de haberes mínimos, en negro, asignaciones especiales y demás.
La megadevaluación de la moneda de Duhalde-Kirchner acompañada por nuestro gobernador, por entonces senador nacional. Los sectores favorecidos pasaron a ser los exportadores. La transferencia de recursos, las reservas, los superávit fiscales, provienen nuevamente del sector del trabajo destinada especialmente al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. La contracara es una sociedad empobrecida y hambreada, condiciones de trabajo indignas, salarios de indigencia…
¿De qué lado esta el gobierno entrerriano?
¿Les queda alguna duda cuando sumisamente se acepta y convalida la Responsabilidad Fiscal en un país y una provincia con altos niveles de pobreza e indigencia especialmente en Concordia y Paraná?
Diferenciarse permanentemente con la catástrofe social y los bonos federales de que sufrimos con Montiel es de mucha mediocridad o quizás impericia.
El domingo 14 de Agosto en los medios gráficos apareció una costosísima solicitada pagada por el pueblo entrerriano atacando, enlodando la lucha docente. Eso sí, hay un dato de importancia en uno de los gráficos publicados referido al presupuesto total de educación año 2005 de 590 millones de pesos. Nos preguntamos por el Art. 210 de la Constitución provincial que se refiere al 25 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de rentas generales (el presupuesto provincial actual es de 2.930 millones, saquemos cuenta de cuánto falta para que se cumpla la ley y en qué se podría utilizar esa diferencia).
¿Hay democracia controlada en Entre Ríos?
¿De qué diálogo habla el gobernador?
El ejercicio del derecho a la huelga consagrado en la Constitución nacional está vapuleado, cercenado, vigilado. Pareciera mimetizado por la política autoritaria del gobierno de Montiel.
Desde Entre Ríos no se puede reformar la Constitución Argentina, ni reglamentar el derecho de huelga.
En una democracia son inaceptables las amenazas, los descuentos, los aprietes telefónicos, y demás.
Concluimos.
* Los trabajadores sabemos que estamos en un momento histórico para lograr algunas vindicaciones.
* El derecho a huelga es innegociable para los trabajadores.
* La unidad de los trabajadores de la educación es nuestra mayor fortaleza, demostrada en la calle y en la adhesión al plan de acción.
* La solidaridad del sector con los jubilados habla de una conciencia madura y en crecimiento que no acepta la discriminación ni la postergación.
* La aceptación de la extensión del calendario escolar sería renegar de nuestra propia lucha.
* El Estado tiene un rol indelegable con la inversión en Educación, tanto en la gestión pública como la privada.
* Demandamos la cobertura de suplencias inmediatamente de producidas.
Estas exigencias son básicas.
Los trabajadores de la Educación ratificamos nuestra voluntad de diálogo, nuestro compromiso con la escuela pública, nuestra legal y legítima lucha, en unidad y solidaridad, por la dignidad.
(*) Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
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