A quienes nunca hemos tenido frío en serio, o nunca nos ha faltado un plato de comida caliente en la mesa, nos resulta difícil imaginarnos lo que representa la llegada del invierno para vastos sectores de nuestra sociedad. Pero hagamos un esfuerzo, tratemos de imaginar: una familia indigente, con padres desocupados o en empleos informales y mal pagos, en viviendas deficitarias, sin gas natural, en calles de tierra, sin agua potable o cloacas. Millones de compatriotas caen dentro de esta descripción. La mitad de la población argentina no disfruta de las ventajas del gas natural, y debe por lo tanto recurrir – cuando puede – al gas licuado de petróleo (GLP), envasado en garrafas, el denominado "gas de los pobres". La falta de un combustible accesible y seguro para buena parte de la sociedad argentina tiene un enorme costo económico, social, ambiental, y humano. Se traduce en hogares sin calefacción ni cocinas adecuadas, sin agua caliente, en la utilización de combustibles alternativos peligrosos y contaminantes, como la leña y el carbón, etc.. La contaminación del aire en interiores resultante de ello es la causante de una enorme cantidad de patologías y muertes evitables, y constituye un problema ambiental y sanitario de enormes proporciones. Problema que lamentablemente es prolijamente ignorado por demasiadas organizaciones no gubernamentales que sin embargo ponen el grito en el cielo cuando se trata de construir un gasoducto. A diferencia del gas natural, el GLP aumentó su precio luego de la brutal devaluación del año 2002 de una manera exorbitante, desproporcionada y alejada de cualquier referencia a los aumentos de costos internos que tuvieron las empresas productoras; que conforman un nefasto oligopolio que se queda con la renta hidrocarburífera luego de las antinacionales y antipopulares privatizaciones que "logró" el Presidente Menem en la década pasada. Cabe acotar, con la anuencia y la complicidad de muchos que hoy se llenan la boca denostando aquellas "transformaciones" de la segunda década infame. De esta manera, la devaluación, la inflación resultante, y el dispar tratamiento dado a estos dos tipos de combustibles, vinieron a potenciarse para generar un pernicioso efecto regresivo en la redistribución de la riqueza en la Argentina, en perjuicio de los que menos tienen.
Mientras que el gas natural es disfrutado por las clases medias y altas a un costo sustancialmente inferior, el GLP es utilizado por las franjas más desposeídas del pueblo argentino. El problema ha sido agravado por la deserción del Estado nacional de su indelegable rol de planificador, orientador y promotor del desarrollo gasífero en particular y energético en general.
Las empresas concesionarias, guiadas por la obvia lógica del lucro empresarial, sólo invirtieron en gasoductos para exportar el fluido, al compás de enormes ganancias generadas por los precios internacionales y costos internos que no acompañaron la evolución de aquellos. Dejaron de invertir, como era de prever, en gasoductos destinados al consumo interno. Por añadidura, la renta del negocio gasífero terminó en buena parte en remesas giradas al exterior por las filiales de las empresas madre. La respuesta del gobierno al problema ha sido tardía e insuficiente: la denominada "garrafa social" y la disminución de la alícuota del IVA para el GLP del 21{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} al 10,5{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. El programa de la "garrafa social" adolece de los inconvenientes de todos los programas sociales focalizados; es insuficiente, deja abierta las puertas a la discrecionalidad de los funcionarios y a su uso clientelar. Y la reducción del IVA es también insuficiente. Es un avance notorio establecer a la distribución y venta de GLP como servicio público. Pero debe avanzarse de manera mucho más audaz y decidida. Ofrecemos, como aporte al debate, algunas alternativas: – Reducción drástica del IVA para el GLP, a niveles similares a los que tienen los alimentos en los países desarrollados, por ejemplo, no más del 3,5{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. – Intervención reguladora del Estado, y fijación de un precio máximo para la garrafa de GLP de 10 kg, que no supere los $ 10,00. La libertad de precios, de la que somos partidarios en términos generales, funciona cuando los mercados son transparentes y competitivos. Cuando son concentrados y oligopólicos, claramente el caso del GLP, la libertad de precios es un despropósito. Y cuando se trata de mercados oligopólicos que además deben brindar un bien energético esencial, es casi criminal. Por algo la Comisión de Defensa de la Competencia sancionó a YPF por "abuso de posición dominante" en su momento.
La legislación vigente autoriza al Estado a fiscalizar la contabilidad de las empresas productoras. Si del análisis de costos se desprende realmente que es necesario subsidiar el precio para llegar a estos valores, se puede financiar ese subsidio con aumentos a las retenciones de las exportaciones de gas, y/o con otras fuentes, con un claro sentido de equidad redistributiva. De esta manera, el subsidio sería transparente, y llegaría a todos los usuarios de garrafas del país, todas las veces que necesiten. – Intervención activa a través de Enarsa – ya que está que sirva para algo – en el mercado, a efectos de evitar desabastecimientos y "mercado negro".
Lo mismo podría hacerse con Enersa y con cooperativas. – Lograr que las empresas concesionarias de gas natural ejecuten las inversiones comprometidas en materia de gasoductos troncales y redes de distribución para consumo interno; recuperando el rol de planificador y orientador que el Estado nunca debió abandonar.
Mientras que el gas natural es disfrutado por las clases medias y altas a un costo sustancialmente inferior, el GLP es utilizado por las franjas más desposeídas del pueblo argentino. El problema ha sido agravado por la deserción del Estado nacional de su indelegable rol de planificador, orientador y promotor del desarrollo gasífero en particular y energético en general.
Las empresas concesionarias, guiadas por la obvia lógica del lucro empresarial, sólo invirtieron en gasoductos para exportar el fluido, al compás de enormes ganancias generadas por los precios internacionales y costos internos que no acompañaron la evolución de aquellos. Dejaron de invertir, como era de prever, en gasoductos destinados al consumo interno. Por añadidura, la renta del negocio gasífero terminó en buena parte en remesas giradas al exterior por las filiales de las empresas madre. La respuesta del gobierno al problema ha sido tardía e insuficiente: la denominada "garrafa social" y la disminución de la alícuota del IVA para el GLP del 21{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} al 10,5{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. El programa de la "garrafa social" adolece de los inconvenientes de todos los programas sociales focalizados; es insuficiente, deja abierta las puertas a la discrecionalidad de los funcionarios y a su uso clientelar. Y la reducción del IVA es también insuficiente. Es un avance notorio establecer a la distribución y venta de GLP como servicio público. Pero debe avanzarse de manera mucho más audaz y decidida. Ofrecemos, como aporte al debate, algunas alternativas: – Reducción drástica del IVA para el GLP, a niveles similares a los que tienen los alimentos en los países desarrollados, por ejemplo, no más del 3,5{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. – Intervención reguladora del Estado, y fijación de un precio máximo para la garrafa de GLP de 10 kg, que no supere los $ 10,00. La libertad de precios, de la que somos partidarios en términos generales, funciona cuando los mercados son transparentes y competitivos. Cuando son concentrados y oligopólicos, claramente el caso del GLP, la libertad de precios es un despropósito. Y cuando se trata de mercados oligopólicos que además deben brindar un bien energético esencial, es casi criminal. Por algo la Comisión de Defensa de la Competencia sancionó a YPF por "abuso de posición dominante" en su momento.
La legislación vigente autoriza al Estado a fiscalizar la contabilidad de las empresas productoras. Si del análisis de costos se desprende realmente que es necesario subsidiar el precio para llegar a estos valores, se puede financiar ese subsidio con aumentos a las retenciones de las exportaciones de gas, y/o con otras fuentes, con un claro sentido de equidad redistributiva. De esta manera, el subsidio sería transparente, y llegaría a todos los usuarios de garrafas del país, todas las veces que necesiten. – Intervención activa a través de Enarsa – ya que está que sirva para algo – en el mercado, a efectos de evitar desabastecimientos y "mercado negro".
Lo mismo podría hacerse con Enersa y con cooperativas. – Lograr que las empresas concesionarias de gas natural ejecuten las inversiones comprometidas en materia de gasoductos troncales y redes de distribución para consumo interno; recuperando el rol de planificador y orientador que el Estado nunca debió abandonar.
José Antonio Artusi Concepción del Uruguay
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