Reformas en procedimientos y plazos de prescripción: El proyecto introduce cambios en las multas por incumplimientos formales y redefine los plazos de prescripción. Para los contribuyentes cumplidores, el plazo general de prescripción se reduce de cinco a tres años, siempre que no existan discrepancias significativas. En el caso de no inscriptos, el plazo se mantiene en diez años. Se eliminó la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga a la administración a actuar en plazos más acotados. Además, se busca armonizar los plazos de prescripción entre tributos nacionales, provinciales y municipales.
Reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes: El texto establece un esquema de reducción de multas administrativas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas, con rebajas que pueden alcanzar hasta el 90%, siempre que no se trate de grandes contribuyentes. La medida busca aliviar la carga sancionatoria sobre los sectores de menor escala y fomentar el cumplimiento voluntario.
Régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias: Se crea un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. En este esquema, la administración tributaria confeccionará la declaración con la información disponible, y quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves o discrepancias significativas.
Impacto sobre los “dólares del colchón” y ausencia de blanqueo de capitales: Aunque el proyecto se presenta como una vía para incentivar la formalización de ahorros no declarados, no incluye un régimen de blanqueo de bienes ni modifica el Impuesto a las Ganancias. El efecto sobre los “dólares del colchón” sería indirecto: al eliminar la obligación de declarar la evolución patrimonial en el régimen simplificado y limitar el uso de presunciones automáticas, se reduce el riesgo de inspecciones por incrementos patrimoniales no justificados. Sin embargo, la administración tributaria mantiene la potestad de fiscalizar e impugnar declaraciones cuando existan discrepancias relevantes.
Modernización de la administración tributaria: El éxito de la reforma dependerá de la capacidad del organismo recaudador para transformarse y adoptar tecnologías y herramientas de información avanzadas. Sin una modernización profunda, la iniciativa podría no alcanzar sus objetivos y la evasión fiscal podría seguir siendo un problema estructural.
Inocencia fiscalRégimen penal tributarioImpuesto a las GananciasDólares del colchónCámara de DiputadosImpuestosEconomía-ArgentinaÚltimas noticias
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.