La abogada y empleada del Poder Judicial Marta Cecilia Miño presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de apertura de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. La denuncia, registrada en el Expediente Administrativo N° 3580, es la tercera que se dirige contra la magistrada; otras dos denuncias ya están en tratamiento en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
La nueva presentación atribuye a Medina mal desempeño, abuso de autoridad y violencia institucional por una serie de hechos que, según se detalla en el expediente, incluyeron un traslado compulsivo, hostigamiento laboral, la apertura de un sumario contra la propia denunciante y un grave deterioro de su estado de salud.
Traslado sin fundamentos y vaciamiento de funciones
Miño relata que en octubre de 2023 fue trasladada de forma unilateral y sin consulta desde la Sala Civil y Comercial N° 2 a la Oficina de Gestión Única (OGU), mediante la Resolución N° 758, firmada por Medina. Según la presentación, ese traslado se concretó sin asignación de tareas específicas, lo que la denunciante califica de sanción encubierta y de vaciamiento funcional. Además, vincula la decisión con su renuncia al sindicato judicial UEJN, al que atribuye una supuesta alineación política de Medina.
Hostigamiento en la Oficina de Gestión Única
Una vez ubicada en la OGU, Miño afirma haber sido objeto de mobbing laboral por parte de la coordinadora del área, Cecilia Palavecino. La denuncia describe episodios reiterados de destrato, descalificaciones, omisiones deliberadas en la comunicación y expresiones discriminatorias, entre ellas el uso del término “mogólicos” para referirse a errores laborales. Esos hechos motivaron la apertura de un expediente por violencia laboral (Expte. N° 16/2025), que, según consta en la presentación, contó con dictámenes técnicos favorables a la denunciante.
De denunciante a sumariada
Uno de los ejes del pedido de juicio político es que, en lugar de activarse mecanismos de protección, el Superior Tribunal de Justicia —bajo la presidencia de Medina— habría dispuesto la apertura de un sumario administrativo contra Miño. La presentación sostiene que esa decisión implicó una inversión de la carga institucional, en contraste con lo establecido por la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y con los protocolos vigentes en el ámbito judicial. Además, se acusa a Medina de haber intervenido directamente en resoluciones que rechazaron recusaciones y recursos presentados por Miño, lo que, según la denuncia, configuraría una falta de imparcialidad al actuar como autoridad acusadora y decisora a la vez.
Deterioro de la salud y conflicto por licencias médicas
El expediente documenta también un marcado deterioro en la salud física y psíquica de la denunciante. Entre los certificados médicos aportados figuran diagnósticos de hipoacusia neurosensorial bilateral —atribuida al ambiente laboral—, además de cuadros de estrés, depresión y cefaleas persistentes. Miño afirma que Medina ignoró dictámenes médicos y psicológicos que recomendaban su apartamiento del entorno hostil, promovió la realización de juntas médicas y la habría amenazado con sanciones disciplinarias por inasistencias justificadas.
Los cargos formulados
En función de los hechos detallados, la denunciante solicita la destitución de Susana Medina por:
– abuso de autoridad y desvío de poder;
– violencia institucional y de género;
– violación del debido proceso y del derecho de defensa;
– incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación indica que esta nueva denuncia se suma a las otras dos ya ingresadas y en análisis legislativo, en un contexto en el que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados deberá decidir si corresponde avanzar con el procedimiento previsto por la Constitución provincial.
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