No obstante, la meneada amenaza de recurrir a un paro general si la reforma laboral es sancionada implica la admisión de que es un recurso extremo, de compleja realización en estos tiempos y dudosa eficacia para alterar sensiblemente el curso del debate parlamentario.
La posibilidad de recuperar algo de la legitimidad social por parte de los dirigentes gremiales parece lejana. La convocatoria del acto de ayer estuvo dada por la capacidad de movilización de los propios. La espontaneidad no fue lo que caracterizó a los presentes en la Plaza de Mayo. Aún cuando la reforma laboral, según una flamante encuesta de la empresa Management & Fit, suma muchos más rechazos (47,1% en contra y 25,4% a favor).
Ante esa doble realidad, buscarán atenuar el impacto de los cambios en los derechos de sus representados, pero, muy especialmente, sobre las cajas y el poder de sus organizaciones. Ya han estado transitando canales para lograr sus objetivos de mínima y han contado con algunos funcionarios dispuestos a la escucha.
Como hasta los kirchneristas descartan que será aprobada, la duda radica en la profundidad que terminará teniendo la reforma, si es que en el mes y medio que se tardará en debatirla en el Senado y en Diputados no se producen situaciones que alteren el curso de los acontecimientos.
Esa eventualidad temporal es que lo que procuraba evitar el Gobierno y tenía como misión Bullrich, pero no logró imponer su urgencia. Ahora, mucho dependerá de la muñeca de la senadora y de la habilidad y disposición negociadora del principal ocupante de la Casa Rosada.
La pregunta es qué lecciones aprendió el Gobierno de las sesiones de las últimas 48 horas. No todos suelen reconocer que algunas pretensiones (o caprichos) pueden costar caros y demorar más los objetivos.
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