La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles durante aproximadamente una hora y media y avanzó en el trámite iniciado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina. En el encuentro se incorporaron formalmente más de mil fojas de informes enviados por el STJ, que habían sido requeridos por la comisión, y también se recibió el segundo descargo presentado por la magistrada.
El juicio político se abrió tras la unificación de dos denuncias: una presentada por el docente jubilado Eugenio Jacquemain y otra impulsada por la ONG Entre Ríos sin Corrupción, encabezada por María Fabiana Cian y María Valeria Harari. Ambas denuncias invocan la causal constitucional de mal desempeño —entre otros puntos, más de 660 ausencias injustificadas entre 2016 y 2025— y se basan, en parte, en investigaciones periodísticas de la revista ANÁLISIS que señalaron presuntas irregularidades en la actuación de la vocal del STJ.
Según explicaron, el segundo escrito de Medina no difiere sustancialmente del primero en los ejes centrales de la defensa, aunque incorpora apreciaciones de tono más político. En ese texto la magistrada negó de forma categórica las acusaciones y rechazó que se hayan verificado irregularidades en su desempeño. “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”, afirmó.
Medina sostuvo además que las denuncias que motivaron el proceso “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, y las calificó como “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.
En su descargo, la jueza también se refirió a las críticas por ausencias y licencias, y señaló que “muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”. Respecto al supuesto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos (Bersa) o de fundaciones vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), sostuvo: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.
La magistrada insistió en que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.
Entrevista por Zoom
Durante la reunión, los diputados acordaron además que Susana Medina responderá las preguntas de los legisladores el lunes 22 de diciembre, en una comparecencia que se realizará por Zoom a pedido expreso de la magistrada. Medina no manifestó imposibilidad de asistir de manera presencial, sino que solicitó utilizar esa modalidad. Finalmente, se estableció que los integrantes de la comisión tendrán plazo hasta el 5 de enero para pronunciarse sobre la situación y definir los pasos a seguir en el proceso.
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