El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a los que estén en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.
En ese marco, el decomiso comprende bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado. La resolución establece que los bienes decomisados deben inscribirse en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período que el tribunal consideró relevante para la maniobra delictiva.
Las defensas de los condenados —entre ellos Báez, Ganora, Pavesi y Fernández de Kirchner—, así como los representantes de Máximo y Florencia Kirchner, solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados, alegando falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales. También cuestionaron la extensión de la medida a bienes adquiridos con anterioridad al ejercicio de cargos públicos y la inclusión de bienes ya investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.
El tribunal consideró que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según la resolución, el decomiso alcanza a los bienes que constituyan instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que éstos sean adquirentes de buena fe y a título oneroso.
La decisión se fundamenta en normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que imponen la obligación de recuperar activos provenientes de delitos de corrupción. El tribunal señaló que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable y temporalmente concomitante con el delito fuente.
Asimismo, la resolución fue comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles conforme al reglamento vigente. Se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso es la reparación del daño causado a la administración pública y a la sociedad, en consonancia con estándares internacionales y la jurisprudencia local.
La resolución aclara que la Fiscalía conserva la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal. El proceso de realización de los bienes se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Fuente: Infobae.
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.