La causa por presuntos hechos de corrupción en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos avanza en la Justicia con allanamientos simultáneos realizados en oficinas del organismo, domicilios particulares y empresas proveedoras. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la propia conducción actual del organismo, tras detectar irregularidades administrativas y presuntos sobreprecios en compras realizadas durante la gestión anterior.
Lo que dice el archivo
Según fuentes oficiales, a principios de año el nuevo equipo de Vialidad comenzó una auditoría interna sobre expedientes de contrataciones y adquisiciones de materiales e insumos. Los primeros resultados encendieron alarmas: presupuestos manipulados, precios por encima de los valores de mercado e inconsistencias en documentación respaldatoria. Con esa evidencia preliminar, la DPV elaboró un expediente y radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
A partir de esa presentación, la Justicia inició una investigación para determinar la existencia de maniobras irregulares en el uso de fondos públicos. Tras analizar los expedientes y la documental aportada, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos en Paraná y en otras provincias, donde se secuestraron computadoras, cajas con documentación y dispositivos electrónicos vinculados a los procesos de compra bajo sospecha.
Lo que dice el archivo
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y los investigadores buscan determinar responsabilidades dentro del organismo y en las empresas que habrían participado de las contrataciones.
En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio se refirió públicamente al proceso, respaldó la actuación de la Justicia y destacó que la denuncia surgió de su propia gestión. “Desde que empezamos a gestionar en la provincia hace 21 meses, nos comprometimos a llevar orden y transparencia, sobre todo en los lugares donde había mucha oscuridad”, afirmó.
El mandatario enfatizó que la decisión fue actuar sin demoras: “En Vialidad Provincial encontramos hechos de corrupción vinculados a sobreprecios, a robos, que denunciamos inmediatamente a la Justicia”.
Frigerio sostuvo además que el objetivo es que el Estado pueda recuperar los fondos presuntamente desviados: “Esperamos que la Justicia encuentre a los culpables y pueda recuperar el dinero que se robaron”.
La investigación judicial continúa abierta y se esperan novedades en las próximas semanas, a medida que la Justicia analice el material secuestrado y determine los próximos pasos del expediente.
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