La diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) se presentó ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, bajo la dirección de Hernán Viri, con documentación relacionada a la causa sobre el acopio irregular de azufre en el Puerto de Ibicuy.
El material fue transportado por la empresa PTP Warrant S.A. en el buque B/M Vezhen (IMO: 9937270), que provenía del puerto de Montevideo, Uruguay, y fue descargado en Ibicuy el 10 de marzo de 2025. Durante su permanencia, estuvo expuesto a diversas condiciones climáticas hasta el 25 de junio, lo que generó riesgos para el medio ambiente, los trabajadores y la población de la zona.
En su presentación, la diputada incluyó documentos recopilados en los últimos meses que buscan fortalecer la investigación judicial en curso sobre el Convenio de Permiso de Uso Oneroso entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y PTP Warrant S.A., señalando también la falta de respuestas por parte del Gobierno de Entre Ríos respecto a las medidas adoptadas según la normativa ambiental vigente y la protección de los trabajadores.
Osuna señaló al gobernador Rogelio Frigerio como el principal responsable político, mencionando que fue su gestión la que firmó el mencionado convenio, que permite ejecutar obras en el predio portuario. No obstante, hasta ahora, el Gobierno provincial no ha demostrado haber llevado a cabo los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
“El Gobierno de Entre Ríos debe explicar por qué se permitió este acopio irregular y qué medidas de control se adoptaron, si es que existieron, para proteger a la población y al medio ambiente”, afirmó la diputada.
Entre la documentación presentada se incluyen solicitudes de acceso a la información pública, reclamos administrativos y otros elementos que podrían ser útiles en la actuación judicial.
“El papel de la Justicia es investigar este hecho y determinar responsabilidades, pero es el Gobierno provincial el que debe ofrecer respuestas urgentes y asumir su obligación de control. Hasta el momento, no he recibido información sobre los estudios de impacto ambiental que la ley exige, ni sobre las acciones preventivas realizadas para proteger a los trabajadores, a los habitantes, al Río Paraná y al medio ambiente en general. Lo que está en juego es la salud de nuestra gente y la protección de los recursos naturales”, concluyó Osuna.
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