Una mujer condenada por su participación secundaria en el tráfico de drogas en la ciudad de Victoria ha solicitado ingresar a la Escuela de Agentes de la Policía de Entre Ríos. Su expareja y otro hombre recibieron penas más severas por ser los principales responsables de la actividad ilícita. A pesar de haber cumplido su condena, la Justicia Federal ha rechazado su pedido para realizar un trámite ante el Registro Nacional de Reincidencia, lo que le impide formar parte de la fuerza debido a su historial.
J.L. fue condenada en 2018 a tres años de prisión condicional por su implicación en un grupo que comercializaba cocaína en Victoria. Su expareja, M.R., y otro implicado, E.M., fueron sentenciados a penas de cuatro años y ocho meses y cinco años y dos meses de prisión, respectivamente, por su papel en el narcotráfico.
La causa se inició a raíz de una investigación de Toxicología realizada por el Juzgado Federal de Paraná, que incluyó escuchas telefónicas reveladoras. En octubre de 2016, se llevaron a cabo allanamientos en las casas de R. y L., donde se encontraron varias dosis de droga. En el domicilio de M. se hallaron más de dos kilos de cocaína, una cantidad significativa para la localidad, así como un arma de fuego y municiones.
Con el tiempo, J.L., que tenía 21 años al momento de su arresto, completó su condena y volvió a la Justicia con la asistencia del abogado Walter Martínez, de Nogoyá. Este presentó un pedido para que se enviara un oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal con el fin de informar sobre el estado actual de la condena.
El abogado argumentó que su deseo es ingresar a la Escuela de Agentes de la Policía provincial, situada en Rosario del Tala, para conseguir un empleo estable. J.L. considera que el paso del tiempo debería eliminar su antecedente penal.
Posteriormente, J.L. solicitó que el Tribunal Federal enviara un oficio a la Escuela de Policía para que la aceptaran “en la condición actual, sin el informe del Registro Nacional de Reincidencia, hasta que se aclare la situación, dado que dicho informe está caducado y no debería considerarse”.
La jueza Mariela Rojas manifestó en su resolución: “El plazo de caducidad de la pena impuesta a Lares se cumplirá el 16 de octubre de 2028, y actualmente no existe algún mecanismo legal que me permita expedirme de manera diferente”.
Rojas añadió: “Entiendo que esta solicitud responde al deseo de la solicitante de encontrar trabajo y avanzar en su vida personal y familiar. Sin embargo, las disposiciones legales son claras y no hay justificación para reconsiderar las normativas aplicables”.
Por otra parte, fuentes consultadas por ANÁLISIS señalaron que, por normativa, ninguna persona con antecedentes penales puede ingresar a la Policía, ya que el historial se mantiene en el Registro Nacional. Sin embargo, en este caso se ha solicitado que la Justicia considere la eliminación de dicho antecedente penal.
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