Jorge Julián Christe, condenado en 2021 por un jurado popular por el femicidio de Julieta Riera, fue trasladado este jueves por la mañana desde la casa quinta en calle Blas Parera, donde residía, hasta Alcaidía. Este viernes se evaluará su situación debido a supuestas violaciones de las restricciones impuestas a su libertad.
En 2021, Christe fue condenado, pero en junio de 2023, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia revocó esa sentencia. Desde entonces, espera resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Inicialmente, se alojó en un departamento de su madre, la exjueza Ana María Stagnaro, pero luego solicitó permanecer en una quinta familiar en Paraná mientras se definía su situación judicial.
Esta mañana, fue llevado a Alcaidía por supuestas infracciones a las restricciones. Se informó que algunos vecinos lo vieron salir en varias ocasiones. Por esta razón, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitarán su traslado a la Unidad Penal en una audiencia programada para este viernes, buscando revocar su arresto domiciliario y que se le imponga prisión preventiva en el penal.
En abril de 2021, un jurado popular determinó que Christe había comprimido el cuello de su pareja, Julieta Riera, de 23 años, hasta dejarla inconsciente, y la arrojó desde el octavo piso del edificio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), ubicado en la Peatonal San Martín de Paraná.
El fallecimiento de Riera ocurrió un año antes del juicio, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19. El 30 de abril, Paraná se conmocionó con la noticia. Inicialmente, se hablaba de un accidente, pero a medida que avanzó la investigación, la situación de Christe se complicó. Se solicitó su prisión preventiva hasta el juicio por considerar el riesgo de fuga. Al principio, cumplió esta medida en el penal, pero luego fue trasladado al departamento de su madre.
Durante el juicio, fue condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado, debido al vínculo, la alevosía y haber ocurrido en un contexto de violencia de género. Esta condena fue confirmada posteriormente por la Cámara de Casación Penal. Fue en este contexto que Christe decidió cambiar de defensa, dejando atrás a sus abogados Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros, y contratando a la abogada Mariana Barbitta de Buenos Aires, quien inició una intensa batalla judicial.
Barbitta argumentó que la investigación judicial estuvo sesgada y que a Christe se le imputó injustamente por “presión social”, una hipótesis compartida por la madre del joven, la exjueza Stagnaro. Su principal defensa se centró en la falta de algunas imágenes de la autopsia.
En 2022, la abogada declaró a ANÁLISIS que después de la supuesta caída de Riera, Christe “se bloqueó”. Esta declaración surgió en respuesta a una pregunta sobre cómo actuó el joven tras la muerte de su novia. Aquella madrugada, él tomó su moto, se dirigió a la casa de su madre y le relató lo sucedido. Luego fue a la Jefatura de Policía e informó que había ocurrido un accidente, asegurando que su suegra se había caído, según indicaron los policías en el juicio. Finalmente, regresó en moto con la escolta de oficiales.
Durante el juicio, se cuestionó la reacción de Christe, preguntándose por qué optó por visitar a su madre en lugar de llamar a emergencias, y por qué dijo que su suegra se había caído en lugar de su pareja.
“Hay personas que reaccionan de diferentes maneras; él se bloqueó y se paralizó”, respondió su abogada. “Lo que él mencionó sobre la suegra provino de la Policía. Él nunca dijo eso, fue la Policía quien lo dijo. Esa misma Policía es la que lo recibió en moto”, argumentó Barbitta.
Un aspecto importante de la acusación fueron los chats que Julieta Riera mantuvo con otros durante su convivencia con Christe. En varias ocasiones, solicitó ayuda a su suegra debido a la violencia que sufría. Además, se presentaron fotos donde se podían ver moretones en el cuerpo de la joven, resultado de esos golpes.
Todo quedó en suspenso cuando el STJ revocó la condena del jurado popular. Ahora, la decisión está en manos de la Corte, que debe resolver múltiples solicitudes: por un lado, los pedidos de la defensa para evitar un nuevo juicio; y por otro, las solicitudes de Fiscalía y querella para confirmar el veredicto del jurado popular.
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