El tramo en cuestión, frente a las costas de Ramallo, abarca playas, humedales y zonas turísticas de elevado valor ecológico. El desvío de la traza hacia el brazo derecho del río, sin estudios ni control público, aumenta los riesgos de erosión costera, pérdida de biodiversidad, dispersión de contaminantes y afectación del abastecimiento de agua.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y UPVA sostenemos que no pueden llevarse a cabo obras sin la información necesaria, sin estudios adecuados y sin la voz de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica y portuaria en el país no puede continuar bajo lógicas extractivas, opacas y ajenas a la sociedad.
La protección del Paraná es hoy una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y supervivencia. Continuaremos exigiendo transparencia, participación y responsabilidad. Sin agua no hay vida, y sin los controles necesarios, no habrá justicia social y ecológica.
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