La prolongada crisis de vacantes que enfrenta la Justicia está presionando al Gobierno para que tome una decisión respecto a los pliegos en manos del Ministerio de Justicia. Durante más de un año y medio de gestión, Javier Milei no ha logrado nombrar a ningún juez.
En este contexto, la postergación de tres meses en la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, a solo 17 días de la fecha inicialmente anunciada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, no solo valida el reclamo del Ministerio Público por recursos diversos, sino que también pone de manifiesto otro aspecto poco mencionado, pero esencial para la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal: la falta de designación de fiscales y el avance de los concursos.
Los llamados “acusadores públicos” son la columna vertebral del sistema acusatorio, pues son responsables de todas las pesquisas y medidas, imputando y dirigiendo la acción penal. En este nuevo paradigma, el rol del juez cambia de investigador a garante de derechos.
En la actualidad, el déficit de fiscales en la Justicia alcanza el 42%. Los funcionarios del Ministerio Público también son parte de la prolongada negociación del Gobierno con el Poder Legislativo. En Comodoro Py, que investiga asuntos políticos y otras causas complejas, solamente el 75% de las doce fiscalías de primera instancia tiene titular, mientras que en las once del fuero Penal y Económico, donde también se implementará el sistema acusatorio a partir del próximo 10 de noviembre, la cobertura es del 64%.
“Va a pasar tiempo para que el nuevo Código Procesal Penal se ajuste adecuadamente aquí”, señalaron varios funcionarios del edificio judicial de Retiro. Con esta observación, expresaron su preocupación por el futuro de quienes asumirán su continuidad, ya que las tres fiscalías actualmente vacantes en Comodoro Py podrían duplicarse. ¿La razón? Carlos Stornelli, Eduardo Taiano y Carlos Rívolo están al borde de la jubilación.
“El sistema requiere al menos tres fiscales por cada juez”, afirmó a PERFIL una fuente conocedora del sistema acusatorio, quien además planteó la incertidumbre sobre si, ante la actual escasez de fiscales y las bajas que pueden surgir por la reforma del Código Procesal Penal en curso, los magistrados o las partes permitirán que los auxiliares ocupen el lugar de los titulares. Esta situación también involucra al Procurador Eduardo Casal, ya que sobre él recae la responsabilidad de las integraciones definitivas de las Fiscalías.
El Gobierno es consciente de esta problemática, así como del déficit de jueces. Por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal, instancia previa a la Corte Suprema en el ámbito penal, lo dejó claro a Mariano Cúneo Libarona en un encuentro en el primer piso de los tribunales de Retiro, un día después de la implementación del acusatorio en Mar del Plata en abril de este año. Casi dos meses después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo reveló ante el Senado en un informe que reportó 330 vacantes a nivel nacional.
En Comodoro Py, hay doce juzgados, de los cuales cuatro están vacantes. La primera vacante surgió tras el fallecimiento de Claudio Bonadio, quien conducía el N°10; la segunda corresponde al N°6, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral; la tercera es el N°12, cuando Sergio Torres fue designado ministro de la Suprema Corte Bonaerense; y la última, por ahora, es el N°9, también vacante debido a la jubilación de su entonces titular, Luis Rodríguez.
A esta vacante se suma la de los ocho Tribunales Orales, de los cuales solo cuatro tienen su integración completa, además de la Casación, que, tras las jubilaciones de Ana María Figueroa, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, cuenta con un cuarto de sus vocalías vacantes.
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