Finalmente, Amerio defendió la eliminación de estos dispositivos en nombre de la “eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal”, enfatizando que la revisión de las políticas públicas es “fundamental” para asegurar que la acción estatal responda a las necesidades sociales actuales. Sin embargo, hasta el momento, las auditorías mencionadas no han sido publicadas de manera completa ni auditadas por entidades externas.
Preocupación ante el ajuste a los más vulnerables
La eliminación de estas herramientas, sin que se anuncien políticas alternativas o nuevos dispositivos de atención, genera serias dudas sobre cómo se asegurará la protección de quienes enfrentan situaciones de violencia por motivos de género. Esa responsabilidad, tras la disolución del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fue asumida por el Ministerio de Justicia, que hasta la fecha no ha presentado un plan integral para sustituir el acompañamiento estatal previamente disponible.
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