Los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron este martes una denuncia penal contra Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), solicitando que se investigue su actuación en relación con la criptomoneda $LIBRA y una posible maniobra destinada a proteger al presidente Javier Milei. La denuncia hace hincapié en los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este documento, que cuenta con la firma de ambos legisladores, forma parte del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, promovida por este bloque y otros en la oposición. En la primera parte de la denuncia, también pidieron que se examinen otros delitos de acción pública que podrían haber sido cometidos por las autoridades de la OA.
Los hechos mencionados se remontan al 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó, a través de su cuenta personal de X, una promoción del token $LIBRA. Esa publicación, que fue posteriormente eliminada, generó un intenso revuelo político y llevó a una resolución de la OA que, según los denunciantes, no cumplió con las expectativas.
“A pesar de las evidencias concluyentes que observamos sobre la participación del presidente de la Nación en la promoción de la criptomoneda $Libra en su cuenta personal de X, y la decisión posterior de eliminar ese posteo, así como toda la opaca cronología que surgió de estos hechos, la Oficina Anticorrupción determinó, en la Resolución 9/2025, que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei”, manifestaron.
Ferraro y Frade sostienen que la resolución del organismo que dirige Melik no realizó un análisis crítico ni técnico, y que replicó directamente los argumentos presentados por el propio Milei en sus redes sociales y comunicados oficiales. También señalaron que se basó en una entrevista televisiva del presidente, en la que uno de sus asesores interrumpió la conversación para advertir al periodista sobre la inadecuación de ciertas preguntas.
“La resolución utiliza los mismos argumentos utilizados por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, que debió ser interrumpida por uno de sus asesores para brindar instrucciones al interlocutor del presidente”, destacaron los legisladores.

Asimismo, criticaron que el organismo de control omitió evaluar el rol institucional de la figura presidencial en la promoción de activos financieros y las repercusiones económicas y simbólicas de sus declaraciones públicas.
“Esta explicación demuestra, por parte de la Oficina Anticorrupción, una decisión de elaborar una resolución a medida, con el fin de desligar al presidente de toda responsabilidad, ignorando no solo la evidencia, sino también el marco normativo vigente”, denunciaron.
“La reproducción acrítica de los argumentos del presidente en la resolución impugnada, sin un análisis técnico ni una evaluación imparcial, contradice de manera frontal este principio normativo y vulnera la finalidad institucional de la OA como organismo de control autónomo”, subrayaron.
En otro de los pasajes de la denuncia, Frade y Ferraro afirmaron que la Oficina Anticorrupción “parece convertirse en una herramienta de blindaje político” y que ha ignorado por completo el deber de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses, que son fundamentales en el régimen de ética pública.
Finalmente, exigieron que se investigue si existieron comunicaciones formales o informales entre Melik y altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a Javier Milei, su hermana Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni.
La Comisión Investigadora de $LIBRA avanza, pero sin autoridades
La semana pasada, la comisión investigadora, que actualmente se encuentra acéfala, no logró avanzar en el nombramiento de sus autoridades, pero pudo llevar a cabo una serie de invitaciones a expertos del mundo cripto, convocados por cada uno de los bloques que participan en la comisión.
A pesar de esto, el plan de trabajo aún no está definido y la falta de liderazgo entre los 28 miembros -empatados en 14 entre quienes apoyan a Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, y a Sabrina Selva, de Unión por la Patria, como presidentes de la comisión- complica el desarrollo de sus actividades.
El diputado cordobés de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, es uno de los legisladores que está trabajando en la negociación para asegurar que, mientras el oficialismo intenta bloquear la comisión, al menos se pueda concretar un funcionamiento bajo la supervisión del Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados.
De este modo, se logró que los expertos asistieran y expusieran las irregularidades del caso, que la mayoría considera como una “estafa”.
JD / EM
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